En la 60 Legislatura mexiquense existe claridad y voluntad política de todas las fuerzas representadas para trabajar en beneficio de los mexiquenses, como en el caso de la Ley de Participación Ciudadana que se prepara y muy probablemente se apruebe durante esta gestión, aseguró la diputada Lorena Marín Moreno (PRI).
Al encabezar el foro para la creación de esa ley en Otumba, la legisladora apuntó que una muestra de esa voluntad fue la decisión consensuada entre los miembros de la Comisión Legislativa de Participación Ciudadana de llevar a las 20 regiones de la entidad estos encuentros para que la ciudadanía opine, proponga y la enriquezca, de manera que sea una ley avalada por todos.
Ante el alcalde de este municipio, Mauricio Alberto Cid Franco, quien dio la bienvenida al 11º foro para este propósito, la presidenta de la Comisión referida dijo a los presentes, representantes de colectivos, organizaciones de la sociedad civil, comunidades e interesados en general de la región XI que la Ley será presentada al Pleno legislativo para su aprobación, pero su aplicación será responsabilidad del Ejecutivo estatal.
Al responder a las preocupaciones vertidas por varios vecinos de este municipio respecto de la intención de erigir un nuevo centro penitenciario estatal en esta demarcación, la diputada Lorena Marín admitió que su rechazo al proyecto es válido y entendible, y apuntó que por temas como ese es que hace falta una Ley de Participación Ciudadana, para que las personas cuenten con los mecanismos legales adecuados y suficientes para que puedan exponer su aprobación o rechazo a las acciones de gobierno.
Con la presencia de la consejera del Instituto Electoral del Estado México Sandra López Bringas, y Patricia García Robles, del Observatorio Ciudadano por un Buen Gobierno, ponentes en el foro, la legisladora se comprometió a exponer este tema ante el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Legislatura, diputado Maurilio Hernández González, con el fin de evaluar cómo podrían los diputados involucrarse.
Después de la bienvenida a cargo del presidente municipal Cid Franco, quien reconoció y agradeció a la legisladora por llevar este foro a Otumba, además de ofrecerle colaboración plena para otras acciones en favor de los mexiquenses, dijo que para que los municipios y sus comunidades avancen es necesario que todos caminen en la misma dirección.
Como primera ponente, la consejera del IEEM Sandra López apuntó que en toda democracia consolidada tienen lugar todas las voces y se protege su derecho a participar. Tras exponer cuáles son los mecanismos que se reconocen para esta participación, respondió a los planteamientos de algunos presentes sobre una consulta para decidir sobre la construcción o no de una nueva prisión en esta demarcación, que por ahora la ley reconoce la consulta a nivel estatal. Tras admitir que no conoce en detalle el tema, sugirió sondear una primera evaluación del en cabildo abierto.
Del Observatorio Ciudadano por un Buen Gobierno, Patricia García se pronunció por una Ley que sea trascendente, útil, activa, operativa y de interés social, debido a que las leyes en la materia de una decena de entidades del país, como Tabasco, Baja California, ciudad de México, Jalisco y Querétaro son algo complicadas en su aplicación. Señaló que una ley mexiquense debería incluir, como principio, el de la implementación de la gobernanza, entendida como la cualidad que hace eficiente y eficaz la administración de los servicios para elevar la calidad de vida de la población.
Llamó a construir junto con la Ley un sistema de participación ciudadana que articule y vincule a las instituciones para un mejor desempeño y, sobre todo, ayude a construir ciudadanía. Coincidió en que la Ley no servirá si las personas no se involucran, por lo que, dijo, será necesario capacitar, informar y colaborar con las organizaciones sociales para que se involucren de manera más efectiva.
Para finalizar el Foro, Israel Peña Álvarez presentó una relatoría destacando que los presentes propusieron la creación de una contraloría social y de una ley que sea vinculatoria, que incluya la obligación de hacer públicos, a través de las redes sociales, los temas que los ciudadanos propongan trabajar con las autoridades.
