Ley Antisecuestros, aprobada

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El combate al secuestro y a la delincuencia organizada unió a las bancadas en la Cámara de Diputados, que aprobaron por 351 votos a favor y dos en contra, las reformas constitucionales que otorgan al Congreso la facultad de emitir leyes generales contra esos delitos.

Además la reforma, en su exposición de motivos, hace hincapié que al elaborar ambas leyes generales, los legisladores deben ser cuidadosos de no criminalizar las luchas sociales y a respetar el pacto federal.

Los ocho grupos parlamentarios dieron su voto a favor de la reforma al artículo 73 Constitucional Fracción XXI, que presentó al pleno el presidente de la Comisión de Justicia, César Camacho, como una respuesta del Congreso a la exigencia nacional de enfrentar el delito de secuestro.

Larisa Montiel Ruiz (PAN) señaló que esta reforma responde a una demanda de la sociedad y su sentido tiene la fuerza para contribuir a consolidar un México mejor.  «Son tiempos de trabajar por el país», expresó.

Aleida Alavez Ruiz (PRD) lamentó que en trabajo de dictaminación de la reforma quedó fuera la prevención del delito, lo cual debe ser más relevante que perseguir delincuentes y confinarlos en las cárceles. Apoyó la reforma como un mecanismo para combatir la impunidad.

Jorge Mario Lescieur Talavera (PRI) destacó que contra la delincuencia, el gobierno nunca debe estar solo, sino contar con los gobiernos estatales y locales. Y en ese sentido la reforma propone la coordinación de la Federación con entidades federativas y municipios.

Patricia Castillo Romero (Convergencia) explicó que en el momento en el que se reforma la Constitución para dar fuerza al combate al crimen y secuestradores, en México «tenemos miedo», vemos padres que investigan el secuestro de sus hijos, plagiarios que respiran impunidad, apatía de las autoridades.  

La reforma aprobada expresa que el Congreso tiene facultades para «expedir las leyes generales en materia de de delincuencia organizada y de secuestro, que establezcan, como mínimo, los tipos penales y las sanciones, la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios».

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