Qué gacho que las acciones que se emprenden para hacer mas competitivo y atractivo para las inversiones al estado de México se vengan abajo por la percepción de corrupción.
El Instituto Mexicano para la Competitividad publicó hace una semana el Índice de Competitividad Estatal 2025. Y el estado de México se ubicó en el lugar 23 de 32 entidades, clasificado con una competitividad media baja. El índice mide “la capacidad estructural de cada estado para generar, atraer y retener talento e inversión”.
En la administración de la gobernadora Delfina Gómez se han generado 133 mil nuevos empleos, una de las cifras más altas del país en los últimos dos años, pero seguramente podrían ser más si las condiciones para las inversiones mejoraran y estuvieran ala altura de entidades como la Ciudad de México, Baja California Sur, Nuevo León y Jalisco. En términos económicos, el estado de México compite fácilmente con esa entidades. De hecho, el índice reconoce fortalezas en la entidad mexiquense como la diversificación económica, complejidad económica y alta capacidad logística
Pero en donde el estado de México echa por un caño el esfuerzo económico es en lo que el indicador señala como “desafíos”. Uno de ellos, la alta percepción de corrupción. La calificación obtenida por el estado de México es de 87 por ciento. Es decir, prácticamente nueve de cada 10 mexiquenses de 18 años y más consideran que las prácticas corruptas en el estado son frecuentes y muy frecuentes.
Según el Instituto Mexicano para la Competitividad, el estado de México tiene pendientes —o “áreas de oportunidad” como dice el eufemismo actual— en estado de derecho, sociedad y medio ambiente y sistema político y gobiernos. A nivel nacional, estamos en el sitio 29 en percepción de seguridad; el 32 en competencia en servicios notariales —número de notarios por cada 100 mil habitantes—; 31 en número de camas de hospital; 32 en personal médico y de enfermería; 26 en terminales punto de venta; 30 en personal que labora jornadas laborales de más de 48 horas…
El estado de México avanza en mejora regulatoria, cobertura educativa, carga aérea, diversificación económica y el ya mencionado crecimiento de puestos de trabajo.
Pero hay promesas de limpiar los vicios que no se cumplen. Donde la cosa está color de hormiga es en los ayuntamientos: sin excepción, las organizaciones empresariales se quejan de la discrecionalidad municipal y de la existencia de 125 distintos criterios para un mismo asunto. Lo que piden en Toluca es diferente al tramite que hay que hacer en Cuautitlán, Valle de Bravo o Texcoco.
Con el agravante de que este tipo de escenarios se presta para la corrupción o la extorsión disfrazada. El arriba firmante tiene claritos acontecimientos ocurridos en Tultitlán o Zumpango. Cuánto daño le hacen a la competitividad y la atracción de inversiones. Podríamos estar en un mejor nivel. Y preferimos tolerar lo inadmisible.
