La recién estrenada presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, habló en su discurso inaugural ante el Congreso de los principios que guiarán su gobierno, lo cual es fundamental porque permite a los ciudadanos saber qué valores estarán presentes en la toma de decisiones y que por tanto, habrá una conducción con ética.
En este sentido, uno de esos principios tiene que ver con que los gobernantes sean honrados y honestos. ¿Quién ha olvidado a los expresidentes, gobernadores, directores generales, subsecretarios y demás acusados en los gobiernos priistas de desvío de recursos, malversación de fondos y enriquecimiento ilícito?, ¿quién no se acuerda de los casos de nepotismo a familiares y amigos y el desfalco a Segalmex con Andrés Manuel López Obrador?
Los funcionarios delinquen porque muchos llegan al poder no por vocación o deseo de servir a la sociedad, sino por intereses personales y a sabiendas de que prevalece la impunidad. Los dejan hacer y pasar.
Si de verdad se quiere que las cosas cambien tiene que haber auditorías periódicas a dependencias, investigación y sanción a funcionarios corruptos -supervisando sus cuentas y propiedades y las de sus familiares-, leyes específicas, transparencia sobre gastos públicos y contratos, participación ciudadana en los procesos públicos y fomentar una cultura de integridad en el servicio público.
La corrupción ha sido un obstáculo para el desarrollo en México, ha afectado la confianza pública y la gobernanza. Se tiene que pasar de las palabras a la acción; es un momento propicio para implementar medidas efectivas y contundentes.
