Mediadores penitenciarios capacitados por Poder Judicial

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El Centro Estatal de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa del Poder Judicial del Estado de México ha capacitado a más de 500 personas privadas de la libertad como mediadores – una cifra que no se registra en ninguna otra entidad del país – quienes poseen las herramientas y conocimientos para resolver conflictos surgidos al interior de recintos penitenciarios, indicó la encargada del proyecto, mediadora Diana Yazmín Cuevas Cuevas.

En el país ninguna otra entidad cuenta con ese número de personas privadas de la libertad preparadas para mediar conflictos. (Foto: Especial).

Explicó que, hasta 2018, se inauguraron seis centros de mediación al interior de recintos carcelarios, así como en el Centro de Internamiento para Adolescentes “Quinta del Bosque”; además, se supervisaron otros tres en coordinación permanente con la Dirección General de Prevención y Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad del gobierno mexiquense.

Las personas privadas de la libertad y personal que labora en los Centros de Prevención y Reinserción Social (CPRS) son seleccionados para participar en un curso impartido por expertos del Centro Estatal de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa del Poder Judicial en el que adquieren herramientas básicas sobre convivencia armónica, comunicación efectiva y estrategias de conciliación para atender conflictos surgidos dentro de dichos espacios.

Cuevas Cuevas señaló que además de los CPRS de Lerma, Nezahualcóyotl Bordo de Xochiaca, Nezahualcóyotl sur, Tenango del Valle, Chalco, la “Quinta del Bosque” y Texcoco, este año se capacitará a personas privadas de la libertad en Ixtlahuaca, El Oro y Valle de Bravo.

La mediadora consideró que el diálogo ha demostrado ser una herramienta efectiva para la disminución de conflictos mejorando la convivencia al interior de los centros penitenciarios.

Estas acciones forman parte del Proyecto Regional de Fortalecimiento de la Justicia Restaurativa, el cual se lleva cabo desde 2016 en colaboración con los Poderes Judiciales de Costa Rica y Colombia, auspiciado por la Unión Europea.

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