Victorino Barrios Dávalos, contralor del Poder Legislativo, aseguró que la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de separar del cargo al presidente municipal de Erwin Castelan, fue injusto para los regidores.
«El caso de los regidores de representación por ejemplo, y los demás regidores, difícilmente conocen en una sesión de cabildo cuantos laudos tiene, cuantos se le debe; podrían saber los que son del mismo equipo del presidente, del mismo partido», sentenció.
Aseguró que esta medida «fuerte» sienta precedentes para este tipo de litigios que se mantienen en contra de los municipios. Barrios Dávalos opino que la corte tuvo que haber revisado cuales funcionarios fueron notificados de las resoluciones previas y quienes conocieron este tipo de temas como el síndico, el tesorero, el secretario del ayuntamiento que son quienes aprueban las finanzas.
Comentó que para evitar en gran medida estos laudos, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje debería resolver con mayor rapidez los asuntos relacionados con los despidos, para que de esta forma la administración responsable se haga cargo de las resoluciones y que no se hereden al siguiente gobierno municipal.
Victorino Barrios dijo que el ayuntamiento de Coacalco de Berriozabal no tiene que darle cuenta a esta instancia estatal sobre el procedimiento en torno a la destitución del alcalde, toda vez que se trata de un asunto entre la autoridad municipal y el poder judicial federal; en todo caso, quien tendría que saber es la LIX Legislatura en caso de que tuviera que nombrar a los integrantes del cabildo.
