La vida pública nacional —y la mexiquense, por añadidura— se escuece por el debate acerca de la prologación de la presencia militar en tareas de seguridad pública.
Las legisladoras y legisladores federales de oposición en las dos Cámaras del Congreso de la Unión, se rasgan las vestiduras y ponen el grito en el cielo por la propuesta priista —ya aprobada en la Cámara baja— para que se prolongue hasta el año 2028 la presencia de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública.
Y para variar, muestran su proverbial inconsecuencia:
Los que quieren que el los integrantes del Ejército y la Marina regresen a sus cuarteles, y las tareas de seguridad pública queden en manos de las policías preventivas —civiles—, hace 16 años no tuvieron empacho en aplaudir a un presidente panista, Felipe Calderón Hinojosa, por haber tomado la decisión de sacar al Ejército a luchar contra las bandas del crimen organizado, especialmente las dedicadas al narcotráfico. Una guerra que se prolonga hasta hoy.
Los que por allá del año 2006 y hasta el 2018 tuvieron como bandera que regresara el Ejército a sus cuarteles, desmemoriados, hoy respaldan que las fuerzas militares continúen ejecutando acciones que les corresponden a las autoridades civiles. Los eslogan quedaron en palabras huecas.
Las cifras oficiales indican que hoy al menos 80 mil militares realizan tareas policiacas. Sin contar a los mandos militares a los que se ha encargado dirigir policías estatales o municipales en múltiples ocasiones. Otras cifras indican que uno de cada tres militares está asignado a tareas relacionadas con la seguridad pública o de apoyo a la Guardia Nacional. Para que sirva de referencia y comparación, la policía preventiva del estado de México está compuesta por unos 15 mil efectivos.
La seguridad pública no se está militarizando a raíz de las propuestas que hoy revisa el Congreso de la Unión. La militarización de la policía es real y tiene ya 15 años. El debate no cambia los hechos.
Y nuestros ínclitos legisladores, en vez de formular un plan o programa efectivo, medible y cuantificable, que le devuelva a la policía civil sus facultades y espacios, se enfrascan en polemizar si hay que prolongar la presencia militar hasta 2028, llevarla hasta 2029 o que permanezca hasta 2024 —como estaba previsto.
Sin olvidar sus omisiones, pues a la hora de conformar los presupuestos, los legisladores y legisladores se han olvidado de defender los fondos destinados al fortalecimiento de las policías estatales y municipales, primeras responsables de la seguridad. Y menos se echan sobre la espalda la conformación de un modelo de seguridad distinto, puesto que el vigente ha fracasado y, por tanto, contribuido a la presencia castrense en las calles.
Les interesa la postura política. Señalar los yerros del adversario y poner el dedo en la llaga. Buscar votos, sin que asuman sus responsabilidades.
