El alcalde de Toluca, Juan Rodolfo Sánchez Gómez, comenzó su administración a tambor batiente.
El desalojo del comercio ambulante es un ejemplo de decisión, con una instrumentación efectiva y acción inmediata del gobierno municipal, bajo la supervisión del propio alcalde.
Pero la burocracia del ayuntamiento de Toluca camina a paso distinto al del presidente municipal. Es lenta, ineficaz e ineficiente. Necesita una sacudida o cambios rápidos, antes de que la incompetencia se vuelva habitual y común.
Ahí está la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública, a cargo de Alejandro Verduzco Murillo, a la que le corresponde uno de los programas bandera del presidente municipal que es recuperar la calidad de las vialidades de la capital mexiquense. En la primer calle en la que se pusieron manos a la obra, al iniciar la administración, un tramo de 230 metros de Laguna del Volcán, se requirió una semana de trabajo; a razón de 33 metros por día.
En la misma oficina de Verduzco Murillo, la presencia de personas molestas por el rezago en los trámites —plazos que se incumplen, funcionarios ausentes, negativas corteses— es constante. La mejora regulatoria es una panacea, gracias a la pereza y desinterés del aparato burocrático. Al director de Desarrollo Urbano y Obra Pública ya le ha costado un par de llamadas de atención, tras quejas hasta de los propios regidores toluqueños.
El talante esmerado y comedido del alcalde Juan Rodolfo Sánchez Gómez, y del secretario del ayuntamiento, Ricardo Moreno, no han traspasado a la estructura administrativa del ayuntamiento toluqueño.
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El programa de modernización del alumbrado público del valle de Toluca, a cargo de las Secretarías de Comunicaciones y de Obra Pública —que encabeza Rafael Díaz Leal Barrueta—, ya se nota. La colocación de lámparas en avenidas, calles y puentes peatonales en 68 kilómetros de Paseo Tollocan, Paseo Colón, avenida Tecnológico y bulevar Aeropuerto significa una inversión de 200 millones de pesos. A la par, se instaló iluminación moderna en 13 monumentos y siete edificios históricos de la región metropolitana de Toluca.
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A confesión de parte, relevo de prueba. El secretario de Finanzas de la Universidad Autónoma del Estado de México, Javier González Martínez, admitió que la UAEM está imposibilitada para cubrir su deuda con el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. Reveló que los pagos se hicieron con puntualidad hasta abril de 2015. El resto parece un misterio, del que el propio González Martínez es parte, pues ha despachado en la Secretaría de Administración y la recientemente creada Secretaría de Finanzas desde 2013.
La deuda de la UAEM con el Issemym —que dirige Bertha Alicia Casado— es de mil 383 millones de pesos, más 915 millones de multas y recargos, lo que representa un adeudo total de 2 mil 299 millones. Javier González asegura que la UAEM dispone de los recursos producto de los descuentos realizados a los trabajadores universitarios “y puede entregarlos cuando así se requiera”, pero carece del dinero para pagar el 65 por ciento de las cuotas que como patrón le corresponderían.
¿Qué ha hecho González con esos recursos de las cuotas laborales? ¿Han ganado algún interés desde 2016? ¿Por qué no se ha entregado al Issemym lo que le corresponde? ¿Qué específicamente motivó la suspensión de pagos? Son preguntas, que surgen de una explicación incompleta. Que además me confirman que al rector Alfredo Barrera le ocultan hechos y le mienten algunos de sus colaboradores más cercanos.
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