La propuesta del presidente para modificar el esquema de outsourcing obliga a tomar medidas previas para poder evitar la aparición de empresas «patito» y evitar más abusos a los trabajadores o que se hagan contrataciones desde el sector público o privado, sin que haya esquemas de seguridad social para los trabajadores.
Jorge Díaz Galindo Hurtado, Oficial Mayor de la Confederación de Trabajadores de México indicó que se hace necesario tener un registro nacional de las empresas autorizadas para dar este servicio, ya que hay mil 200 empresas que tienen una subcontratación ilegal que concentran más de 862 mil trabajadores quienes no cuentan con un esquema de protección a los derechos laborales, ni un esquema que pueda entrar ante un accidente, despido o si se tiene algún abuso por parte de los contratantes.
«El mejor ejemplo son los bancos, los cuales no pueden contratar gerentes, financieros, analistas de crédito y cajeros, pero sí servicio de limpieza y seguridad. Sin embargo, hay sucursales donde todo el personal, desde el gerente hasta el personal de limpieza está en este esquema, y no hay autoridad que ponga un alto».
Indicó que este registro también permitiría tener control sobre los salarios con los que se esta dando de alta a los colaboradores, que sea su salario real y los beneficios que están obteniendo con lo que se evitaría evasión fiscal, que los trabajadores se vean afectados al solicitar su pensión al retiro y que cualquier contratación se de en completa legalidad.
Este registro podría ser operado por la Secretaría del Trabajo y Previsión social y permitiría hacer revisiones mensuales con el fin de que los resultados obtenidos sean reales y permanentes.
