De acuerdo con el diputado Dionicio Jorge García Sánchez, la práctica por parte de los policía de tránsito en la entidad para retener documentos como licencia de conducir, placas vehiculares o tarjeta de circulación como método para asegurar el pago de multas, es anticonstitucional, ya que con base en lo dispuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la controversia constitucional 326/2017, determinó que los estados tienen facultades para implementar esquemas que puedan garantizar el cobro de las sanciones de tránsito y vialidad, y prohibir que los agentes aseguren en garantía para su cobro, tarjeta de circulación, licencias de manejo, o placas a conductores del volante.
Ante ello, presentó una iniciativa para derogar la fracción II del artículo 8.19 del Código Administrativo del Estado de México.
“Con esta reforma estableceremos sin oportunidad y a la interpretación que las policías viales o agentes de tránsito, tengan prohibido al asegurar permisos para circular tarjetas de circulación, licencias de manejo, y placas de circulación, como medidas de coacción para el pago de una multa”
De acuerdo con el diputado, en la entidad, las fracciones a derogar, actualmente permiten a los agentes de tránsito retener algún documento o placa de circulación, para realizar el pago de la multa, disposición que por cierto, en teoría solo aplicaría a vehículos matriculados en otra entidad federativa, pero que es usada incluso por las policías municipales para requerir el pago multas, aun cuando esos documentos y placas de circulación hayan sido emitidos por el gobierno del Estado de México.
Agregó además que algunos ayuntamientos han recurrido a incorporar esta disposición en sus bandos municipales. Por lo anterior, se tiene una oportunidad para armonizar la legislación vigente con el criterio mencionado por la Suprema Corte.
“Para el grupo parlamentario de Morena, las disposiciones decretadas por la Suprema Corte deben ser acatadas, legisladas, conforme lo menciona nuestro máximo Tribunal, por lo que se tiene una oportunidad para armonizar nuestra legislación vigente, con dicho criterio y coadyuvar a que los mexiquenses estén exentos de abusos y prácticas tendientes a la corrupción en el Estado de México”.
