La Cámara de Diputados del Estado de México, aprobó por mayoría de votos la Minuta en materia de inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Constitución Federal, enviada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la cual busca que “las reformas constitucionales no son susceptibles de control jurisdiccional ya que el órgano reformador encuentra el control en sí mismo constituyendo una función soberana que no está sujeta a ningún tipo de control externo, porque en la conformación del Constituyente permanente y en la atribución exclusiva conferida por el artículo 135 constitucional se encuentra su propia garantía”.
Es decir que las reformas constitucionales deben acatarse como se establezcan desde el Poder Legislativo sin cuestionamientos u observaciones del Poder Judicial, y no procederá “el juicio de amparo contra adiciones o reformas a esta Constitución, incluyendo su proceso deliberativo, legislativo y correlativa votación, así como aquellas que busquen controvertir las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes materia electoral”.
Omar Ortega diputado del PRD, criticó la reforma propuesta que, según el diputado, buscan silenciar las voces disidentes y socavar los principios fundamentales de la Constitución de 1917, al eliminar la capacidad del Tribunal Constitucional para abordar acciones inconstitucionales, así como el derecho de los ciudadanos a ampararse contra cambios en la constitución. Destacó que estas modificaciones desmantelan la división de poderes y el equilibrio en el Estado mexicano, estableciendo un enfoque absolutista por lo que llamó a votar con responsabilidad y conocimiento sobre las implicaciones de la reforma, por lo que pidió congruencia, porque el hecho de que la ciudadanía haya dado su voto, espera ser bien representada.
Por su parte, Juan Zepeda de Movimiento Ciudadano, advirtió sobre las consecuencias de no medir el impacto de las decisiones legislativas, afirmando que las reformas constitucionales propuestas son preocupantes, ya que afectan derechos fundamentales, como el derecho al aborto, enfatizando que ninguna ley debe ser retroactiva. Además, se destaca la importancia de proteger la identidad y autonomía del Estado de México y del Banco de México, advirtiendo sobre los riesgos que podría conllevar una legislación que comprometa su estabilidad económica y constitucional.
La panista Johana Alejandra Felipe Torres, criticó la reforma propuesta, argumentando que representa un ataque al Poder Judicial y a los derechos humanos, y que, aunque la reforma se presenta de manera legal, en realidad busca limitar los mecanismos de protección de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Además, advirtió sobre las posibles consecuencias negativas para la ciudadanía, como la confiscación de ahorros y restricciones en el acceso a servicios básicos, lo que dejaría a las personas indefensas ante decisiones gubernamentales perjudiciales. Y agregó que la reforma viola el principio de irretroactividad de la ley, afectando a miles de mexicanos que buscan justicia a través de amparos y acciones inconstitucionales.
En su oportunidad, el priísta Elías Rescala consideró perjudicial la reforma para la protección de los derechos humanos y la esencia de la Constitución, pues otorga supremacía a un poder sobre otro, rompiendo así el equilibrio entre los tres Poderes de la Unión, y limita la capacidad de los ciudadanos para impugnar cambios constitucionales, por lo que criticó la falta de diálogo entre los poderes Ejecutivo y Judicial, y lamentó que, a pesar del legado de lucha por la democracia y los derechos, se esté optando por la imposición. Finalmente afirmó que todo poder debe tener límites y que es fundamental proteger los abusos del poder en beneficio de las futuras generaciones.
Finalmente, Octavio Martínez Vargas de Morena defendió la Minuta, sin argumentar respecto a las observaciones de la oposición, y señaló que desde 1917, la Constitución General es suprema sobre las leyes locales y con las nuevas reformas buscan impedir que se controviertan reformas que vayan en contra de la Constitución, por lo que afirmó que estas reformas buscan blindar decisiones.
