La presidenta del Comité de Comunicación Social, la diputada Anais Miriam Burgos Hernández presentó una iniciativa para reformar diversas disposiciones legales y crear la Ley de Comunicación Social con reglas claras, que permitan regular las campañas de comunicación de los entes públicos.
El marco legal busca que se cumplan principios de austeridad, congruencia, economía y racionalidad presupuestaria, eficacia, eficiencia, honradez, institucionalidad, objetividad e imparcialidad, necesidad de comunicar, transparencia, máxima publicidad y veracidad.
“Los entes públicos deberán respetar los topes presupuestales, límites y condiciones de su ejercicio, de forma tal que durante los procesos electorales la comunicación social no influya en la equidad de la contienda entre los partidos políticos, precandidatos y candidatos”, sostuvo Anaís Burgos.
En la propuesta legislativa se prohíbe que las campañas de comunicación destaquen de manera personalizada nombres, imágenes, voces, símbolos de cualquier persona servidora pública; dichas campañas de ninguna manera podrán fomentar la discriminación, el sexismo o machismo, o cualquier incitación a la violencia o contraria a los ordenamientos jurídicos de nuestra entidad.
Además las campañas de comunicación social que realicen los entes públicos, también deberán transmitirse en versiones y formatos accesibles para que las personas con discapacidad puedan entenderlos.
Propone crear la Unidad Administradora, dependiente de la Secretaría General de Gobierno y se encargue de prestar asistencia técnica y de evaluación de las estrategias, programas y campañas de comunicación social de los entes públicos.
Establece que el informe anual de labores o gestión de los servidores públicos, así como los mensajes para darlos a conocer, se limite una vez al año y con las políticas de austeridad y eficiencia que eviten el despilfarro.
“Para llevar a cabo el control y vigilancia de la contratación de la comunicación social, se crea el Sistema Público de Comunicación Social a cargo de la Secretaría de la Contraloría del Estado de México, el cual será alimentado con la información que provean todos los entes públicos, órganos constitucionales autónomos y poderes del Estado”, precisó Burgos Hernández.
Los entes públicos deberán proporcionar dentro de los 10 primeros días naturales de cada mes, un informe con las erogaciones del gasto de comunicación social.
Y propone reformar la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México para que los recursos estatales en materia de comunicación social se revisen y fiscalicen, a cargo del Poder Legislativo y que por medio del Comité de Comunicación social reciban informes bimestrales sobre la ejecución de programas y actividades gubernamentales, y la relación anual de campañas de comunicación social y las erogaciones destinadas a ello.
La propuesta de Ley de Comunicación Social del Estado de México, que fue canalizada a comisiones para su estudio, considera Infracciones y sanciones, por las acciones u omisiones que pudieran constituirse como una responsabilidad administrativa, y proceder legalmente contra quienes infrinjan la norma.
