Debido al incremento en el número de juicios y denuncias de incumplimiento de pensiones alimenticias en el Estado de México, la diputada Elizabeth Millán García, propuso reducir de dos años a uno, el plazo para considerar al deudor alimentario como moroso, y tipificar el abandono alimentario de adultos mayores.
La iniciativa propone reformar el párrafo tercero del artículo 4.136 Código Civil del Estado de México, y el artículo 217 del Código Penal del Estado de México, con la finalidad de generar el debido cumplimiento de las obligaciones alimentarias.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a mayo de 2020, en el Estado de México se tienen 640 carpetas de investigación por el delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias, concentrando el 10 por ciento de las denuncias de todo el país.
Desde la tribuna, la legisladora consideró necesario realizar mayores esfuerzos para garantizar su materialización, lo cual implica garantizar el acceso a la justicia a las personas y reducir el margen de impunidad.
La propuesta propone reducir el número de pensiones incumplidas, pasando de cuatro a tres pensiones alimenticias; reduciendo de dos a un año, el periodo que contempla el artículo referido, para que colmado dicho plazo, se le pueda considerar al deudor alimentario como moroso; con la misma consecuencia, se integra el supuesto de incumplir con el periodo establecido en la sentencia o convenio judicial.
“Ninguna persona puede sobrevivir una semana sin recibir pensión alimenticia, y el tiempo que contempla el Código Civil en el numeral señalado, contiene tiempo excesivo, que muchas veces se presta a que el deudor alimentario se valga de los plazos y los márgenes para no cumplir debidamente”, alertó la legisladora.
Además considera la reforma al Código Penal del Estado de México, para incorporar como delito perseguible de oficio, el incumplimiento de obligaciones alimentarias cometida en agravio de los adultos mayores, ya que la Ley del Adulto Mayor refiere que el Estado tiene la obligación de mejorar la calidad de vida de los adultos mayores.
Y propone que cuando la omisión en el incumplimiento de las obligaciones alimentarias ocurra en desacato de una resolución judicial, la pena se incremente hasta en una mitad, en atención a que el deudor alimentario no solo se rehúsa a cumplir con un mandamiento judicial, sino también con la obligación legal de socorrer a las personas que dependen de él o de ella.
