De acuerdo con Movimiento Ciudadano, los recientes incrementos en los peajes de carreteras y las tarifas de transporte público han generado un fuerte descontento entre los ciudadanos del Estado de México, quienes, según la diputada Ruth Salinas, denuncian que estos aumentos no se justifican ante la falta de mantenimiento y las pésimas condiciones de las vialidades y servicios.
“Hay una gran molestia en la ciudadanía y lamentablemente no hay donde quejarse, pareciera que nadie nos escucha porque de pronto despertamos con una caseta de la México – Toluca de 107 pesos a 111, de un aumento en la caseta El Dorado de 51 pesos a 53 pesos y se diría que son unos cuantos pesos, pero no, o sea, realmente un boquete a la economía familiar porque tenemos las peores carreteras también hay que decirlo, ponchallantas, accidentes, tráfico…”
Afirmó que la Secretaría de Movilidad, encabezada por Daniel Sibaja, ha sido señalada por opacidad y presuntos actos de corrupción, pues, recientemente, se dio a conocer que el exdirector de vialidad, Ramón Sabas Jiménez Fonseca, acusó al actual secretario de autorizar pagos por 400 millones de pesos en obras sin terminar y sobrecostos en contratos de obra pública. Aunque se despidió a cinco funcionarios por estos hechos, no ha habido acciones legales ni rendición de cuentas.
«Parece que con despedir a cinco funcionarios creen que ya taparon el hoyo, pero la ciudadanía exige respuestas y justicia», afirmó la legisladora, quien, criticó que, a pesar de que el secretario anunció un recorrido para evaluar el estado de las carreteras, no se ha dado a conocer ningún informe ni se ha justificado el aumento en los peajes.
La iniciativa busca que se mejoren las condiciones de las carreteras
Ante ello, presentó una iniciativa que contribuya a frenar los aumentos en peajes y tarifas de transporte en el Estado de México, al criticar la falta de mantenimiento, la inseguridad vial y la corrupción en la Secretaría de Movilidad.
La iniciativa contra “Casetazos”, plantea que las concesiones de bienes o servicios, como carreteras, aeropuertos e infraestructura de movilidad, se otorgan mediante un título de concesión que define su objeto, alcance y límites legales. La vigencia de la concesión permitirá al concesionario recuperar su inversión, con un plazo máximo de 15 años, sujeto a aprobación legislativa si excede el periodo del titular del ejecutivo estatal. El plazo puede prorrogarse si el concesionario cumple sus obligaciones y el estado no puede operar directamente el servicio.
Las tarifas y sus ajustes se establecerán en el título de concesión, con revisiones y publicaciones en la Gaceta del Gobierno 30 días antes de su aplicación, y además, el estado puede subsidiar el transporte público y carreteras para apoyar la economía familiar, y también de declarar como bienes de utilidad pública los activos necesarios para la prestación de servicios.
Finalmente, señaló que el transporte público también está en la mira, ya que los concesionarios han solicitado incrementos en las tarifas argumentando el alza en los precios de la gasolina, sin embargo, los usuarios denuncian que el servicio es deficiente, con unidades en mal estado, falta de seguridad y horarios irregulares.
