En México, la vivienda afronta problemas y desafíos, entre los cuales están los lugares donde se edifica, los riesgos naturales y socionaturales, el mercado que decide, los defectos e insuficiencias legales, la calidad, el déficit, las condiciones de habitabilidad y la falta de planeación urbana, que en conjunto afectan principalmente a la población más pobre y vulnerable.
En su conferencia «Las problemáticas de la vivienda en México», como parte del ciclo «El entorno social contemporáneo. Reflexiones desde las Ciencias Sociales», Carolina Inés Pedrotti Bruno, profesora-investigadora de El Colegio Mexiquense, recalcó que la vivienda adecuada es un derecho básico e hizo un inventario de lo que sucede al respecto en el país, con referencias específicas al Estado de México y algunas ciudades y zonas metropolitanas.
La sesión fue moderada por la también investigadora Natalie Rosales Pérez y en ella, Pedrotti Bruno recordó que estamos en Octubre urbano y si bien en materia de vivienda hay temas y problemas tradicionales, otros son nuevos, en especial los que puso en evidencia la pandemia de Covid-19, de suerte tal que la vivienda supone un problema siempre contemporáneo.
La vivienda ha estado sujeta a cambios tecnológicos, demográficos, socioeconómicos y sociales, pero el primero de los problemas de la lista que la especialista propuso es el de su emplazamiento, es decir dónde se ubica, en un país que tiende a ser metropolitano.
Hay graves problemas de planeación del uso habitacional, que o no existe o no se respeta, pese a que México tiene 74 zonas metropolitanas, 79 % de la población vive en localidades urbanas y 21 % en rurales, relación que en el Estado de México es de 87-13, y el INEGI dice que hay 4.5 millones de vivienda particulares habitadas en la entidad, mientras que a escala nacional hay 35 millones (datos de 2020).
Los fenómenos naturales y socionaturales, como sismos e inundaciones, son desafíos, y a ello se agrega el desfase entre marcos legales y la realidad, que no impiden que la vivienda sea una mercancía, cuando no hay derecho al suelo y el mercado de tierra es uno de los más especulativos, pues envía a la gente pobre a áreas vulnerables y apartadas, zonas de riesgo, ambientes insalubres, con insuficientes servicios e inseguridad.
Carolina Inés Pedrotti explicó que solo 10 % de los municipios mexicanos tiene un reglamento de construcción, pero no implica que lo vigilen y sancionen, en tanto que la calidad de la vivienda reclama, de manera urgente, normas específicas con criterios arquitectónico, urbanístico y espacial.
Agregó a la lista el problema de la disponibilidad, que surge del hecho de que la vivienda es un bien muy complejo; además, su relación con el conflicto social, de la que surgen los movimientos sociales urbanos con reclamos contra la exclusión, así como los modelos conducidos por el mercado que fragmentan y dividen, no solo a favor de los sectores altos, que buscan defenderse y diferenciarse, por la cultura del miedo, sino a los vulnerables, por los efectos de la fragmentación, la segregación urbana y la gentrificación, resultado en parte de aplicaciones como Airbnb.
Hace falta también medir el déficit habitacional, suplir la falta de información que limita formular e implementar políticas públicas, en un entorno en el cual la gestión de las decisiones la toman actores que no están coordinados, sin descartar los resultados de las formas de producción -pública, privada y social-, así como la informalidad urbana.
La investigadora puso el acento en la habitabilidad de la vivienda, que ha venido estudiando a partir de los efectos de la pandemia de Covid-19, la cual evidenció problemas y carencias en cuanto a seguridad e higiene, flexibilidad, comodidad y funcionalidad, que incluye hoy la conectividad.
En las respuestas a las preguntas, Carolina Inés Pedrotti admitió que la vivienda no está hecha por lo general para personas con capacidades diferentes y dijo que la financiarización es otro problema, para el cual no se ha aceptado la recuperación de plusvalías como una manera de aprovechar y distribuir la riqueza generada socialmente, y ver a la ciudad como espacio de todos, no como la suma de vivienda particulares.
Finalmente, se pronunció porque los gobiernos locales tengan un mejor conocimiento de su parque habitacional, pues son los más castigados en términos económicos y sociales.
