El municipio de Naucalpan es en el que se han presentado más casos de extorsión de verificadores municipales a empresarios establecidos en la zona.
Patricio González, presidente de la Asociación de Bares y Restaurantes (Asbar) del Valle de Toluca explicó que los inspectores municipales solicitan pagos desde los 50 mil pesos por no clausurar los establecimientos y esto pone en peligro de cierre a los negocios y de despido.
Uno de los puntos en los que dijo han tenido mayor traba es que muchos de los comerciantes no quieren interponer una denuncia debido a que tiene miedo a represalias pero aún así se han emprendido platicas con las autoridades con el fin de frenar esta situación.
Indicó que la situación ha mejorado un poco en el caso de las inspecciones de la Comisión para la Protección Contra los Riesgos Sanitarios (Coprisem) con quienes han avanzado para la identificación de los verificadores y medios de contacto con las autoridades centrales.
