México pierde anualmente entre el 9 y el 10 por ciento de su Producto Interno Bruto, a causa de la corrupción y según el INEGI a cada mexicano le cuesta en promedio, dos mil 273 pesos al año, por ello el diputado del PRI Cruz Juvenal Roa Sánchez propuso incorporar a los municipios en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción, ya que la Ley General de este sistema no previó la estructuración de los sistemas a nivel municipal, “lo cual supone una omisión importante porque es en este nivel de gobierno donde el fenómeno de la corrupción inicia”.
El diputado por el Estado de México destacó que en los municipios se reconocen algunos vicios comunes, como desvíos recurrentes de recursos públicos, nepotismo, clientelismo, falta de transparencia en obras municipales e irregularidades en los permisos. “De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad, el 76 por ciento de los mexicanos considera que las prácticas corruptas son frecuentes o muy frecuentes en los municipios”.
Desde la Tribuna de San Lázaro, al presentar su iniciativa para reformar la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, el legislador priista señaló la urgencia de acabar con la discrecionalidad en el uso de los recursos públicos, a través de mecanismos que prevengan incentivos perversos en su ejercicio y hacer valer el principio de máxima publicidad en la asignación de recursos públicos en todos los órdenes de gobierno.
Por esto, Roa Sánchez propuso incorporar a los municipios en la norma y generar mecanismos de control que permitan combatir la corrupción que tanto daña a la sociedad, que impacta negativamente en el crecimiento económico de nuestra nación y sobre todo, en el bienestar de los mexicanos.
El diputado de mayoría relativa por el distrito ubicado en Tejupilco, Estado de México, reconoció que al crear el Sistema Nacional Anticorrupción se previó la conformación de un sistema nacional que se encuentra integrado por todas las instancias administrativas y jurisdiccionales, que se centran en la identificación, prevención, supervisión, investigación y sanción de estos hechos, pero se necesita que éste también sea a nivel municipal para establecer un diseño institucional orientado a manejar y a mejorar los procedimientos de investigación y sanción en este nivel de gobierno.
