La iniciativa de reforma en materia de telecomunicaciones en la cual se prevé la creación de un registro de usuarios de telefonía celular, en el cual serían requeridos datos biométricos y personales de los usuarios es un atentado a los derechos humanos, la privacidad, la intimidad y una medida autoritaria y excesiva.
Así lo calificó Jorge Luis Millan, presidente del Consejo de participación ciudadana y empresarial en el Estado de México.
Señaló que al momento no se tienen las garantías de que esta reforma sea constitucional y aún cuando la justificación es tener un combate a delitos como el secuestro y la extorsión, en nuestro país hay una gran desconfianza de este tipo de información, el resguardo que podría tener e incluso la posibilidad de la venta de bases de datos como se ha dado en otras ocasiones.
Aseguro que la justificación no es equiparable con la invasión a la privacidad que se está generando y de ser aprobada México se convertiría en el país 18 en la aplicación en una iniciativa de esta envergadura.
De manera que el sector privado prevé que se pudieran generar amparos para evitar la recopilación de este tipo de datos sensibles, primero desde las empresas que proveen el servicio de telefonía móvil pero además desde los particulares.
Un punto más que debe ser analizado es que la reforma fue aprobada en el Senado con apenas el 50% de los votos a favor lo cual evidencia la sensibilidad de la información manejada y la controversia que genera una iniciativa de éste tipo.
