La iniciativa de modificaciones a la Ley de Amparo, que se discute en el Senado de la República, deja en desprotección a buena parte de los particulares, inclinando la balanza en beneficio de la autoridad y limitando la posibilidad de que los ciudadanos se defiendan o sigan un proceso en condiciones justas.
La iniciativa limita la defensa de ciudadanos y empresas ante actos arbitrarios de la autoridad, además de que otorga a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) facultades para bloquear cuentas sin ofrecer oportunidades claras de defensa.
José Jesús Rodríguez, expresidente de la Asociación de Contadores Públicos, señaló que existe un rezago histórico en los procesos de justicia administrativa, y que la entrada en vigor del nuevo Poder Judicial genera incertidumbre sobre cuánto podrían aplazarse los procesos judiciales, y si la falta de acceso a bienes o a una defensa adecuada puede atentar, de forma definitiva, contra el patrimonio de los particulares.
La propuesta incluye la eliminación de cualquier clase de suspensión para mantener permisos, autorizaciones o concesiones otorgadas por el Gobierno. También elimina la suspensión provisional en amparos contra el bloqueo de cuentas por parte de la UIF, así como cualquier suspensión cuando esta dependencia requiera información a los bancos.
Además, se incrementan los requisitos para otorgar suspensiones en cualquier materia, pasando de los dos actuales a cinco, los cuales deberán concurrir para que se concedan.
Por último, se permite que las autoridades responsables eviten sanciones por desacato a sentencias de amparo si prueban que es imposible cumplirlas. En ese caso, ya no se multará a los funcionarios de forma individual, sino únicamente a las dependencias involucradas.
