Ante un escenario en que el país demanda seguridad y justicia, es fundamental contar con leyes que inhiban la acción de la delincuencia y es necesario que los Poderes Judiciales aporten las herramientas para contribuir al fortalecimiento de la impartición de justicia, como en el caso de la Ley Nacional de Extinción de Dominio que se analiza en el Senado Mexicano, afirmó el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Sergio Javier Medina Peñaloza.
Durante su participación en el foro de análisis para la implementación de dicha ley, organizado por la senadora Claudia Edith Anaya Mota, el también titular de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de la República Mexicana (CONATRIB) explicó que los integrantes de esta organización realizaron observaciones a la iniciativa, donde destaca la necesidad de destinar mayores recursos económicos para la incorporación de jueces especializados en la figura jurídica, ya que la inversión per cápita para la impartición de justicia en 2018 fue de 321 pesos representando sólo el 1.7% de los presupuestos estatales.
Respecto al análisis de esta ley, celebró que el Senado de la República esté interesado en contar con un marco jurídico que subsane carencias y homologue procedimientos, criterios y disposiciones en un marco legal único que regule la figura jurídica de la extinción de dominio en los ámbitos federal y local.
En este sentido, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Martí Batres Guadarrama se pronunció porque la discusión de la ley esté basada en el acuerdo y el consenso, así como que sea un instrumento para la justicia social, pero sobre todo para el combate a la corrupción.
La senadora Anaya Mota agradeció las opiniones emitidas por la sociedad civil y los poderes judiciales, pues permitirán conformar un ordenamiento basado en el aprovechamiento de las buenas prácticas de las instituciones impartidoras de justicia y el sector de la abogacía.
En su intervención, el presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Julio Menchaca Salazar resaltó que la ley brindará mayor celeridad a los procesos, así como transparencia al destino de los bienes recuperados por parte de las instituciones.
Por su parte, representantes del gremio de los abogados, como el presidente del Consejo General de la Abogacía Mexicana, José Mario de la Garza Marroquín; el presidente de la Barra Mexicana de Abogados, Héctor Herrera Ordóñez; el presidente del Ilustre Colegio Nacional de Abogados, Ángel Junquera Sepúlveda y el vicepresidente de la Asociación Nacional de Abogados Empresa, Moisés Castro Pizaña, se pronunciaron porque la ley proteja los derechos humanos y genere procedimientos eficaces, ya que ellos asumen el compromiso social de su labor de la mano del marco jurídico que generan los legisladores.
El Senado de la República tiene previsto realizar diversas modificaciones al Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes y la Ley de Concursos Mercantiles con miras a aprobar la Ley Nacional de Extinción de Dominio, una figura jurídica de naturaleza civil derivada de una investigación penal, cuyo objetivo es recuperar bienes inmuebles involucrados en casos de secuestro o robo.
