Cuando un ciudadano solicita una auditoría especial, ya sea financiera, de desempeño o de legalidad, de un ayuntamiento, institución u organismo autónomo, tiene un período para poder completar su solicitud cómo lo marca el artículo 31 de la Ley de Fiscalización, así lo afirmó la diputada y presidenta de la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización (Osfem), Evelyn Osornio Jiménez.
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“A partir de eso nosotros también solicitaremos naturalmente al Órgano Superior de Fiscalización que nos dé su opinión técnica, ya que ellos son quiénes determinan la metodología, para decir qué entidades sí, y qué entidades no -son fiscalizables-”.
Detalló que tras la primera respuesta a los ciudadanos sobre si la solicitud cumple con los requisitos necesarios para la aprobación de la auditoría especial, tienen quince días para en su caso, solventar aquellos que les hicieron falta.
“Ellos tienen 15 días para podernos contestar, entonces, yo calculo que no rebase un mes para que ellos nos contesten, vaya, 15 días que nos contestan volvemos a ser nosotros nuestra relación y que podamos estar aprobando este tipo de solicitudes en no más de tres semanas”.Detalló que tras la aprobación de alguna auditoría especial, la capacidad técnica, humana y material humana no debería ser una limitante para la realización de esta, ya que se deben atender independientemente de su Programa Anual.
“La realidad es que todas las instancias gubernamentales están limitadas en su personal, ellos tienen una carga importante de trabajo por la cantidad de entidades fiscalizables que hay que revisar, sin embargo, las auditorías especiales se autorizan por la Comisión, entonces, el Organismo tiene que buscar la forma de poder atenderlas, lo que tratamos de que siempre sea en una forma de respeto, una forma conciliada, el Órgano Superior de Fiscalización es un organismo descentralizado de la Legislatura, pero siempre hemos sido respetuosos de sus facultades y atribuciones”, finalizó.