Diputados del Partido Acción Nacional (PAN), Anuar Roberto Azar Figueroa y Pablo Fernández de Cevallos González, presentaron una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios, con el objetivo de incorporar la «perspectiva de familia» como un eje fundamental en el diseño, aplicación y evaluación de las políticas públicas de la entidad.
De acuerdo con la iniciativa, la propuesta surge del reconocimiento de la familia como la unidad básica e indispensable para el desarrollo humano y social, donde se educan, satisfacen necesidades básicas, desarrollan afectividades y se aprenden valores; destaca que familias fuertes y saludables derivan en sociedades sólidas, mientras que su debilitamiento impacta negativamente en el bienestar, especialmente de los menores de edad.
Asimismo, la iniciativa retoma la postura del magistrado Marco Polo Rosas Vaqueiro, quien desde 2019 señaló la necesidad de considerar el interés superior de toda institución familiar, de manera similar al interés superior del menor ya establecido en el artículo cuarto constitucional.
Entre los objetivos de esta propuesta se encuentran:
- Ser el sustento para comprender el trabajo en favor de las familias, reflejo del sentir de la nación y el acontecer humano.
- Servir como punto de encuentro para la tarea de diversas instancias gubernamentales, civiles y académicas en pro de la familia.
- Propiciar la valoración plena del papel de la familia por parte de todos los sectores de la sociedad.
- Fortalecer la visión humanista en el actuar gubernamental, priorizando la trascendencia de la persona como destino final de las acciones del Estado.
- Dar soporte a elementos clave para implementar políticas públicas que ayuden a las familias a asumir su papel natural y social, ampliando sus capacidades.
Con ello, la iniciativa busca que el estado observe a la familia no como la suma de individuos, sino como una entidad superior y constructora de la sociedad, por lo que se pretende que la Constitución reconozca el principio de interés superior de la familia, lo que obligaría al estado a que todas las leyes, normas, programas sociales y políticas públicas garanticen el acceso pleno y goce de los derechos de cada integrante de la familia, ya no de forma individual, sino como parte de una sociedad en conjunto.
