Al paso que vamos, le tendremos que poner una estatua a Javier Duarte de Ochoa, el exgobernador de Veracruz al que la legalista Procuraduría General de la República prefiere llamar Javier “N”, no sea que le vaya a lastimar sus garantías fundamentales.
Aunque antes de la estatua al prócer, tendrá que haber un acto de desagravio nacional en el que los millones de mexicanos que hemos juzgado y condenado a Javidú hagamos una genuflexión y le pidamos perdón…
Es que entre una Procuraduría General de la República que es incapaz de sustentar una acusación contra el exgobernador veracruzano y un secretario de Gobernación que nos pide “tener fe” en el proceso penal en contra de quien encabezó un gobierno en el que se calculan irregularidades por 60 mil millones de pesos —según la Auditoría Superior de la Federación—, el arriba firmante no ve que haya posibilidades de que “Javier N” permanezca en la cárcel.
Entre los llamados a la “fe” de los mexicanos y la impericia y simpleza de los agentes del Ministerio Público, es probable que Javidú salga del botellón. Y que reclame los malos tratos con una plana en la que escriba “merezco una estatua y una disculpa pública” hasta que se le acabe la tinta.
No será la primera vez que ocurra algo semejante.
La clase política se cuida y procura. Contados son los casos de políticos de altos vuelos que han terminado en la cárcel, cuando hay tantos que merecen cadenas perpetuas y andan por la vida como si cualquier cosa. Es México, paraíso de la impunidad.
