Vecinos de Zinacantepec pidieron al Órgano Superior de Fiscalización y a la Procuraduría mexiquense cuantificar en 300 millones de pesos el desvío de recursos y peculado cometido por el ex alcalde, Leonardo Bravo, pues en el año 2004 presentaron una denuncia penal por esa cantidad y esos elementos no fueron tomados en cuenta en el juicio contra el ex edil.
Durante una visita a esta casa editora, Artemio Sánchez Cruz, representante de un grupo de vecinos inconformes con la sentencia al ex presidente municipal de Zinacantepec, afirmó que hace más de cuatro años presentaron a la mesa de Responsabilidades de la Procuraduría local documentos donde demuestran transferencias ilegales en la anterior administración de ese municipio.
Aseguró que con esos movimientos se violentó el Código Financiero al transferir fuertes cantidades que iban de los cuatro a los 40 millones de pesos para servicios personales entre los años 2003 y 2004, por lo cual presentaron una denuncia penal que derivó en la causa 268/2004.
