Los gobiernos federal, estatal, municipal y del Distrito Federal, mantienen una disputa por hacer valer sus derechos sobre la explotación del biogás que se produce en el tiradero Bordo Poniente, lo cual puede representar unos 250 millones de dólares, además de reconocimiento internacional a través del Protocolo de Kioto.
En conferencia de prensa, el Presidente municipal, Víctor Bautista López, y el diputado federal Luis Sánchez Jiménez, señalaron que el conflicto podría ir hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debido a que todas las instancias de gobierno reclaman tener derechos sobre el biogás. Luis Sánchez dijo que el gobierno del Distrito Federal argumenta que al ser ellos quienes depositan las 12 mil toneladas diarias de basura en el Bordo Poniente, derivado de un convenio con el gobierno federal, puede explotar el biogás. 
La Comisión Nacional del Agua argumenta que todos los yacimientos de gas en territorio mexicano son patrimonio de México y por tanto el gobierno federal debe disponer del usufructo.
En cambio el gobierno del Estado de México, dice que les corresponde por estar asentado el tiradero en territorio mexiquense. Sánchez Jiménez argumenta que, por justicia, y de acuerdo a la Constitución Política, toca a los municipios, la disposición y tratamiento de los residuos sólidos, además que por muchos años los habitantes de Nezahualcóyotl, han padecido la contaminación que genera la basura de dicho lugar.
En ese sentido, la disputa podría irse hasta la SCJN, para que ahí determinen quien puede utilizar y vender el biogás, que según el protocolo de Kioto, compromete a los gobierno a eliminar o evitar que dicho material se expanda en la atmósfera y contribuya al calentamiento global. «Sería ilógico que estando en terrenos del Nezahualcóyotl, el gobierno del Distrito Federal pueda producir energía eléctrica que nos venda a los mismos nezahualcoyotlenses», argumento el diputado perredista.
