Ya van 15 periodistas asesinados en el país en lo que va de este 2022. Y no es que estemos esperando más sino se trata de una advertencia y reclamo por las condiciones de inseguridad que rodean esta profesión que tiene como finalidad informar y orientar a la población de los hechos que suceden en el entorno y revelar verdades.
Los periodistas salen todos los días a la calle a cubrir lo que puede ser noticia y realizar investigaciones que surgen de su iniciativa personal o del medio de comunicación para el cual trabaja y, en el caso de quienes están atentos al crimen organizado dar cuenta de los hechos, consecuencias y prevención. Pero los periodistas no tienen protección del Estado y tampoco los medios de comunicación responden por ellos.
El periodista de delitos de alto impacto en particular, es espiado, amenazado y vive en la zozobra respecto a agresiones que pueda sufrir o la muerte; en ocasiones se autocensura pero en otras su compromiso de informar sobrepasan sus propósitos personales. A esto se agrega la ausencia de investigaciones exhaustivas e imparciales para encontrar a los culpables de las agresiones que sufren.
Los periodistas mexicanos están a la deriva jurídica, apoyo mediático y del entorno social y en este último porque no se le valora lo suficiente y apoya para que su situación cambie. Las cifras de la muerte de periodistas lo ratifican y aunque no se acentúe son por lo demás el resultado de falta de libertad de expresión, de cómo se ven afectados los intereses de otros, del bajo nivel de democracia del país.
