El diputado Camilo Murillo consideró muy grave que en la entidad mexiquenses, 7 de cada 10 mujeres privadas de la libertad sufrieron algún tipo de violencia y hasta tortura sexual durante alguna etapa del proceso, por parte de integrantes de corporaciones policiacas, por lo que es urgente que el Poder Judicial y la Fiscalía General tomen medidas para erradicar estas prácticas.
Tras los hechos de San Salvador Atenco en 2006, cuando 31 mujeres fueron agredidas sexualmente por policías estatales durante un operativo, el actual Gobierno de México realizó el Diagnóstico Nacional sobre Tortura Sexual cometida contra Mujeres Privadas de la Libertad, con el compromiso de generar mecanismos para atender y erradicar estas malas prácticas.
La investigación realizada en 2021, reveló que el Estado de México encabeza el mayor número de denuncias de tortura en contra de mujeres con 36 actas, seguido de Veracruz (25), Guerrero (25), Nuevo León (21) y Chihuahua (21).
Las autoridades que fueron señaladas como probables responsables de los actos de tortura en contra de mujeres fueron: policía federal (28%), estatal (19%), ministerial estatal (16%), municipal (13%), Defensa Nacional (7%), Secretaría de Marina (6%), Ministerial Federal (5%), Guardia Nacional (3%), personal de migración (1%) y personal penitenciario (1%).
En el trabajo para hacer el Diagnóstico, se entrevistaron mil 280 mujeres procesadas y sentenciadas en 66 penales de las 32 entidades del país.
“De acuerdo con esta información se encontró que al menos 7 de cada 10 mujeres sufrieron algún tipo de violencia, incluyendo la tortura sexual, durante las diferentes etapas del proceso, como el arresto y traslado, puesta a disposición ante el ministerio público, arraigo, traslado y estancia en centro de reclusión y la etapa de juicio”, destacó Murillo.
El diputado de Morena precisó que en la etapa de arresto y traslado, el 25.62 por ciento de de las mujeres, consideró que fue víctima de tortura sexual, mientras que el 72.50 por ciento señaló que no fue agredida sexualmente. El 73 por ciento manifestó haber sufrido violencia física y psicológica.
Quienes recibieron ataques físicos: el 27.5% dijeron que fueron pateadas; el 18% golpeadas con objetos; el 16% golpeadas en senos, glúteos o genitales; 14% forzadas a desnudarse; 3.5% sufrieron violación sexual vía oral, anal o vaginal y el 3% introducción de objetos en cavidades. Los ataques psicológicos referidos fueron: insultos (18%); intimidación (15%); humillaciones (14%); aislamiento (10%) y actos denigrantes (9%), entre otros.
Durante su estancia en el Ministerio Público, el 12.58% de las mujeres dijo que fue víctima de tortura sexual, mientras que el 80.31% no consideró haber sido víctimas de dicha conducta, y en 7.11% no se contó con información.
Al respecto, José Humbertus Pérez Espinoza, presidente de la organización Presunción de Inocencia y Derechos Humanos, expuso que desde el 2017 ganaron un amparo otorgado por el Juez Décimo Tercero de Distrito en el Estado de México, para que se investigue el delito de tortura a 340 personas, de las cuales 120 son mujeres, recluidas en los penales de Barrientos, Santiaguito y Chiconautla, pero hasta la fecha no se ha querido ejecutar.
“El penal que ocupa el primer lugar por más casos de tortura sexual a mujeres es el Penal Santiaguito con una brutalidad hecha por los policías ministeriales sobre todo para encuadrarlas el delito de secuestro, para lo cual es torturada y abusada sexualmente”, denunció el activista.
Humbertus precisó que el mayor número de violencia contra mujeres lo generan los policías de investigación en delitos de alto impacto y adicionalmente enfrentan discriminación por parte de los jueces, que por más que se ha legislado en la perspectiva de género, persisten muchos jueces machistas.
“La mayoría de las víctima son mujeres violentadas, en situación de pobreza y de discriminación y problemas de violencia intrafamiliar”.
