La 60 Legislatura mexiquense aprobó exhortar al Ejecutivo estatal a cumplir y hacer cumplir la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, a sancionar a los servidores públicos que no hayan cumplido con lo establecido en el artículo 98 de esta ley y a separar del cargo al presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA) por el incumplimiento evidente de las responsabilidades que le exige la Ley.
Al exhorto se agregó la petición de que esto se cumpla antes de que concluya el año, propuesta por la diputada María del Rosario Elizalde Vázquez (morena), quien se sumó a la iniciativa original de los diputados Luis Antonio Guadarrama Sánchez (PT) y Emiliano Aguirre Cruz (morena), presidente y secretario, respectivamente, de la Comisión Legislativa de Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
El documento, dispensado del turno a dictamen, apunta que el problema que enfrentan los gobiernos municipales y el estatal en relación con miles de laudos laborales por despidos injustificados, se debe a la falta de voluntad de las actuales autoridades locales para resolverlo y a la inobservancia de la ley en que han incurrido las autoridades del trabajo y el gobierno estatal.
Para los diputados presentantes, esta negligencia y presunta prevaricación —delito de los funcionarios públicos consistente en dictar maliciosamente resoluciones injustas (judiciales o administrativas) o faltar a sabiendas al cumplimiento de los deberes del cargo— “ha colocado en una situación financiera grave a las administraciones municipales, sobre todo a las que iniciarán funciones el 1 de enero de 2019”.
Después de señalar que a la fecha se calculan14 mil laudos y un costo financiero que supera los cinco mil millones de pesos sólo en el ámbito municipal, explicaron que la ley referida, antes de ser reformada en agosto pasado, consignaba en su artículo 98 que las instituciones públicas deberían cumplir oportunamente los laudos que dicte el Tribunal y pagar el monto de las indemnizaciones y demás prestaciones a que tengan derecho el servidor público, lo que por muchos años no se hizo ni se cumplió.
La pregunta fundamental es: ¿por qué no actuaron antes y permitieron, negligentemente, presidentes municipales, el presidente del Tribunal y el titular del Ejecutivo, que el número y montos de laudos adquirieran dimensiones descomunales?, acotaron.
Durante el debate previo a la votación, el coordinador del PAN, diputado Anuar Azar Figueroa rechazó la propuesta porque un exhorto no es suficiente, y llamó a estudiar a fondo el tema para plantear una solución más amplia colaborando con los ediles.
El coordinador del PT, Armando Bautista Gómez, indicó que ya se analiza el tema en comisiones y que este exhorto es puntual en la petición de cumplir la ley, porque hasta ahora no ha sido así.
Por morena, los legisladores Faustino de la Cruz Pérez y Liliana Gollas Trejo apuntaron que antes no se atendió lo que dispone la legislación, que es necesario velar por que los ediles salientes y entrantes cumplan efectivamente con sus responsabilidades en este tema y que debe terminarse de manera definitiva con este problema.
También de morena, el diputado Mario Gabriel Gutiérrez Cureño, se pronunció por buscar soluciones alternativas, como las ya propuestas para que el gobierno estatal se solidarice con el pago de los laudos o que se vendan activos de los gobiernos municipales para allegarse de los recursos necesarios.
Después de que el coordinador parlamentario del Verde Ecologista, diputado José Alberto Couttolenc Buentello, hizo una precisión sobre el procedimiento legislativo en el análisis del exhorto, la diputada Julieta Villalpando Riquelme, del PT, señaló que la Legislatura no cuenta con suficiente información, porque el presidente del Tribunal no ha enviado todos los datos que le requirieron y que no es justo que este problema se les traslade a los ediles entrantes.
Los diputados presentantes aceptaron las observaciones y señalaron que el presidente del Tribunal ha faltado al compromiso de ampliar la información sobre el tema, asumido en su comparecencia del pasado 13 de noviembre ante la comisión correspondiente.
