El sector empresarial en el Estado de México no encuentra un soporte legal que otorgue facultades al municipio de Toluca para hacer el cobro por las descargas de aguas residuales, mismo que se pretende aplicar con un porcentaje de hasta el 60 % sobre el consumo actual que registran las unidades económicas.
El Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales (Concaem) hizo un llamado al diálogo con la autoridad municipal, con el objetivo de no afectar las inversiones, la generación de empleos y la operación de las unidades económicas, basándose en algunos puntos específicos.
En primer lugar, señalaron la incapacidad que se ha tenido durante al menos un año para prestar de manera eficiente y constante el suministro de agua; la falta de acciones e inversiones para el mantenimiento de la red hidráulica y el tratamiento de aguas; la escasa información disponible y el desconocimiento sobre la metodología de cálculo y cobro de las descargas pretendidas, así como el hecho de que la medida no es equitativa, pues no se consideran aquellas unidades económicas que, de manera ilegal, operan en la vía pública y vierten desechos en los drenajes municipales.
Los organismos que conforman el Concaem han manifestado su voluntad de diálogo y discusión; sin embargo, explican que no existen las condiciones para la aplicación de esta ni de otras medidas que tienen como fin incrementar el nivel de recaudación de la capital mexiquense.
Mauricio Massud, presidente del Consejo de Cámaras, señaló que la situación afecta por igual a las micro unidades económicas y a las grandes industrias, las cuales, de manera permanente e histórica, han realizado inversiones importantes en materia de tratamiento de agua. Dichas inversiones no son reconocidas ni incentivadas por la autoridad, y no existe ninguna garantía de mejora en la prestación del servicio ni del cumplimiento de la obligación municipal en el tratamiento de las aguas por las que se pretende realizar el cobro.
