Al señalar problemas de inseguridad, ineficacia e inoperabilidad del transporte público en la entidad, diputados de morena, PT y PES solicitaron la renuncia de Raymundo Martínez Carbajal, titular de la Secretaría de Movilidad del Estado de México.
Sánchez Ángeles también cuestionó si con la aplicación de los lineamientos establecidos en la Gaceta de Gobierno del 20 de marzo de 2018, que estipula los requisitos que deben cumplir las unidades del transporte público para brindar seguridad, han disminuido los delitos, y señaló que la seguridad de los ciudadanos es responsabilidad del gobierno, por lo que el gasto no debería recaer en los transportistas.
Criticó los avances del Programa de Reordenamiento estatal, pues de las 168 mil concesiones del transporte público, 73 mil están vencidas y 32 vencerán en diciembre de este año, además de que solo en seis mil 700 unidades se han instalado cámaras de videovigilancia, botones de pánico y sistemas de posicionamiento global.
La legisladora María de Lourdes Garay Casillas, del PES, también criticó el desempeño de Martínez Carbajal, sugirió la creación de un consejo de transportistas y subrayó que en aras de abonar a la Cuarta Transformación, el área de movilidad debería contar con personas capaces para dirigirla.
El diputado Alfredo González González (morena) aseguró que no ha visto acciones concretas para revertir los problemas de movilidad, por lo que exigió acciones claras y resultados.
Del PAN, la diputada Brenda Escamilla Sámano, lamentó que la movilidad se vea desde tres enfoques diferentes: “El del gobierno del estado y sus cifras optimistas, el de los concesionarios y su preocupación por la Gaceta del 20 de marzo, y el de los ciudadanos que sufren a diario las consecuencias de tener un transporte público al que califican como inseguro, insuficiente, deficiente, desordenado y caro”.
La diputada Araceli Casasola Salazar (PRD) señaló que si el transporte público cumpliera con las condiciones básicas de seguridad y movilidad, los mexiquenses no usarían transporte privado; preguntó sobre las consultas para la implementación del Mexibús y la manera en la que se dan las concesiones, así como por las acciones para reducir la inseguridad para los usuarios y las razones por las que no se escuchan las opiniones de los transportistas.
Los posicionamientos de los diputados del PVEM, José Alberto Couttolenc Buentello y María Luisa Mendoza Mondragón, coincidieron en que el secretario informara sobre cómo se aumentará la calidad y cobertura del transporte público, la exigencia de más seguridad y mejores vialidades, así como el acceso a la movilidad para personas con discapacidad, las regulaciones a plataformas móviles, como Uber y Didi, y los resultados de la Gaceta del 20 de marzo. Lamentaron que la movilidad en la entidad no permita a los mexiquenses pasar más tiempo con sus familias que en el transporte público.
Del Grupo Parlamentario del PRI, la legisladora Iveth Bernal Casique preguntó si la Ley de Movilidad vigente responde a las necesidades actuales de traslado de las personas, si permitirá consolidar el modelo de movilidad diseñado a partir de los objetivos de desarrollo sostenible, así como los alcances reales de lo plasmado en la Gaceta del 20 de marzo.
El secretario Raymundo Martínez señaló que, como secretario de Movilidad, es el primero en reconocer las condiciones graves en las que se encuentra el sector y dijo que la solución al problema del transporte público y la movilidad no depende de si él está o no en el cargo.
Explicó que la irregularidad y la falta de ordenamiento son dos causas fundamentales del problema del transporte público, y que las acciones para contrarrestarlas no son sencillas ni generan simpatía en el sector transportista; reconoció el reto que representa mejorar la movilidad y el transporte público con el incremento de automovilistas y la inseguridad.
También aceptó que los transportistas requieren subsidios, pero estos deben ser ordenados y regularizados, ya que con las condiciones actuales son los gestores los que se benefician; admitió que en las ocho últimas ocasiones en las que se ha entregado subsidio no se ha tenido avance en la regularización.
Dijo que la aplicación de la tecnología en el transporte público ha permitido que 6 mil 700 unidades sean monitoreadas en el Centro de Control y Gestión de la Operación de Transporte Público enlazado al C5 de la Secretaría de Seguridad, además se han aplicado 386 operativos a 28 mil unidades, de las cuales 3 mil 700 fueron sancionadas y retiradas de circulación; se hace una revisión cotidiana de 8 mil unidades de transporte público en el Mexipuerto 4 Caminos de Naucalpan, y se aplicaron 616 operativos con 86 mil 400 exámenes toxicológicos y de alcoholemia, de los cuales 370 operadores fueron sancionados al resultar positivos.
