El Presidente del Poder Judicial del Estado de México, Fernando Díaz Juarez, presentó su informe de trabajo destacando la culminación exitosa de la primera etapa de su reforma judicial, en su discurso, destacó la implementación de la reforma como un logro significativo, y la cual, se basa en cinco prioridades: implementación de la reforma judicial, legitimación judicial para recobrar la confianza ciudadana, fortalecimiento jurisdiccional, justicia abierta y combate a la corrupción e impunidad. Además, de que en su administración, se implementaron tres políticas transversales: innovación tecnológica, igualdad sustantiva y gestión eficiente y sustentable.
La reforma señaló, ha permitido la incorporación de más de 50 mujeres como juezas y magistradas a partir del 5 de septiembre, avanzando hacia la igualdad sustantiva en la Judicatura.
«La paridad de género en el servicio público no admite demora, por eso, hemos impulsado la participación de las mujeres en la administración y en la impartición de justicia, hasta consolidar un hecho que hoy nos llena de orgullo: el 58% de la plantilla del Poder Judicial está confirmado por mujeres, y en los niveles de mando medio y superiores alcanzamos el 48%, estamos compañeras y compañeros, a solo un paso de lograr la plena paridad de la Judicatura en el Estado de México».
Felicitó a las nuevas juezas y magistradas, así como a los presidentes electos del Tribunal Superior de Justicia: Héctor Macedo García, Erika Icela Castillo Vega y Luis Fernando Camacho Lupercio. También reconoció la labor de la magistrada Maricel Reyes Hernández, presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial.
Resaltó la colaboración con otros poderes del estado, y reconoció la labor del Instituto Electoral del Estado de México, así como del Tribunal Electoral de la entidad por su contribución al proceso electoral extraordinario, asegurando la neutralidad del Poder Judicial.
Sobre la transición, señaló que será ordenada y transparente hacia el nuevo órgano de administración judicial y el tribunal de disciplina.
Informó que en el periodo que estuvo al frente, se renovaron órganos clave como el Consejo de la Judicatura, incorporando a una magistrada, un magistrado y un juez, además del nombramiento de un integrante por el Poder Legislativo, realizando 72 sesiones ordinarias y 58 extraordinarias. Se creó también un Comité de evaluación de aspirantes a jueces, integrado por magistrados y juezas con amplia experiencia, quienes afirmó , trabajaron con total independencia, y se garantizó el cumplimiento de la normatividad electoral por parte de todos los servidores judiciales.
Agregó, que los los 4 mil 580 servidores públicos atendieron 218 órganos jurisdiccionales, iniciando 165 mil 80 asuntos, concluyendo 133 mil 44 juicios, mientras que, las salas de apelación revisaron 10 mil 291 casos, de los cuales, el 36.5% de correspondieron a materia civil y mercantil, 19.7% a familiar, 43.2% a penal y 0.4% a tema de adolescentes.
Se publicaron nueve jurisprudencias en materia familiar, enfocándose en el interés superior del menor en temas como guarda y custodia, pensiones alimenticias y divorcios, mientras que en materia civil y mercantil, se implementó un nuevo modelo de gestión operativa, fusionando juzgados para equilibrar la carga de trabajo.
En materia penal, de 18 mil 162 asuntos iniciados, el 65% estaba en etapa de control, 12% en enjuiciamiento y 23% en ejecución; siendo los delitos más comunes: el robo, delitos contra la salud y lesiones. Se otorgaron 585 beneficios preliberacionales y se iniciaron 629 juicios en el sistema especializado para adolescentes, y el Tribunal de Tratamiento de Adicciones continuó operando.
La Ley de Amnistía recibió 6 mil 307 solicitudes, concediendo 3 mil 123 amnistías, de entre las cuales destacó la resolución de dos solicitudes presentadas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, beneficiando a Longino, un hombre nahua, y Bonifacia, una mujer mazahua, ambos con vulnerabilidades significativas.
Finalmente, destaca el éxito de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, con 14 mil 537 asuntos iniciados en 24 centros de mediación, concluyendo el 98.4% de ellos, y el 18% de los asuntos familiares del estado se resolvieron a través de estos mecanismos.
