Operadores del Programa de Justicia Terapéutica del Poder Judicial del Estado de México -Tribunal de Tratamiento de Adicciones (TTA)- presentaron este mecanismo de reinserción social a jueces de ejecución de sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, donde explicaron que más de 80 personas han logrado reintegrarse a sus familias y al ámbito laboral, luego de dejar de consumir sustancias psicoactivas.
El juez comisionado del TTA, José Alfredo Cedillo González; la defensora pública, Mireya Onofre Montañez y la trabajadora social, Guadalupe Orozco Nolasco expusieron, ante los juzgadores, cómo funciona este esquema, su implementación en el Estado de México en 2014 y su puesta en funcionamiento en 10 distritos judiciales.
Cedillo González comentó que el TTA es una modalidad de suspensión condicional del proceso a prueba, en la que puede participar un imputado que cometa delitos contra la salud por primera vez, por lo que es invitado a someterse a un tratamiento de rehabilitación bajo supervisión judicial con apoyo de la Secretaría de Salud, la Fiscalía General de Justicia y la Secretaría de Seguridad, el propósito es que no vuelva a consumir sustancias psicoactivas o alcohol y se reintegre a la sociedad.
Durante esta sesión de trabajo realizada en el Instituto de Estudios Judiciales de la Ciudad de México, destacó que desde su inicio de operación, las 82 personas que se han graduado del TTA retomaron sus actividades laborales, restablecieron sus lazos familiares y se alejaron del consumo de sustancias que ya les impedía continuar trabajando y siendo productivos.
Ante integrantes del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones de la Ciudad de México, explicó que su rol como juez consiste en administrar y supervisar los avances del participante, evaluarlo periódicamente, instruir una o varias pruebas antidopaje.
Además, ordenar que inicie o finalice sus estudios, encuentre trabajo, se aleje de los círculos sociales en los que consumía drogas y determinar si está cumpliendo con el tratamiento, de no ser así, conminarlo a que siga las indicaciones y si reincide o consume nuevamente, tiene la atribución de expulsarlo y continuar su proceso penal.
Por su parte, Onofre Montañez indicó que su rol como defensor público es presentar diversos informes al juez sobre el progreso o retroceso de los participantes en audiencia, mantenerse al tanto de su conducta y notificar al juez sobre cualquier cambio en su comportamiento.
Orozco Nolasco comentó que su labor como trabajadora social implica el seguimiento de los participantes, analizar su situación socioeconómica, realizar visitas domiciliarias, verificar que asista a terapias de rehabilitación, busque trabajo o retome sus estudios y de no ser así informarlo al juez.
Actualmente, la Ciudad de México no cuenta con un mecanismo de reinserción social como el TTA para combatir la comisión de delitos causados por el consumo de sustancias psicoactivas y alcohol.
