Hace dos años nació la Sala de Asuntos Indígenas del Poder Judicial del Estado de México, la que trabaja por la dignidad, el respeto y el acceso real a la justicia para pueblos originarios y la comunidad afromexiquense, con pleno reconocimiento a sus lenguas, costumbres y formas de entender el mundo.
La majestuosa Zona Arqueológica de Teotihuacán fue el escenario para celebrar su segundo aniversario. Ahí, el magistrado presidente, Fernando Díaz Juárez recibió el bastón de mando como muestra de respeto y liderazgo compartido con las comunidades. En su mensaje, resaltó que la Sala no solo resuelve conflictos jurídicos, también escucha, orienta, protege y, sobre todo, transforma vidas.
Díaz Juárez comentó que la SAI —producto de una reforma legal y consulta a los pueblos originarios— ha demostrado que sí es posible hacer justicia desde una perspectiva intercultural. Casos que antes quedaban en el silencio, hoy encuentran eco y solución: mujeres indígenas sin intérprete, infancias violentadas, comunidades en búsqueda de reconocimiento.
Ahondó que, con más de 400 mil personas indígenas y cerca de 300 mil afromexiquenses en el territorio estatal, este organismo es referente nacional. Atiende apelaciones en las materias Penal, Civil y Familiar, emite opiniones consultivas y garantiza que ningún proceso pase por alto los derechos fundamentales de quienes se auto adscriben como parte de un pueblo originario.
Juan Carlos González Romero, secretario del Bienestar y representante personal de la gobernadora Delfina Gómez, celebró que la Sala de Asuntos Indígenas funja como puente entre la justicia y la identidad cultural, destacando el compromiso de la administración estatal con políticas públicas que sí reconozcan y acompañen a las comunidades originarias con hechos, no solo discursos.
El magistrado Arturo Márquez González, presidente de la SAI, informó que en estos dos años se han radicado 38 apelaciones —31 ya resueltas— y se han emitido cuatro opiniones consultivas. Cada resolución, dijo, va más allá de los números, “se trata de hacer justicia real, como en un caso emblemático en el que se anuló una sentencia por graves fallas al debido proceso”.
La celebración reunió a 170 asistentes, entre ellos magistradas, magistrados, consejeras, consejeros, jueces, juezas, integrantes de los cinco pueblos originarios de la entidad y representantes del Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas, así como el presidente municipal de Teotihuacán, Mario Paredes de la Torre.
