Para proporcionar las herramientas necesarias en una guía práctica que unifique la actuación de los operadores jurídicos en la aplicación de los ordenamientos de Derecho Ambiental, el Poder Judicial del Estado de México instrumentó el “Protocolo de Actuación en Materia de Justicia Ambiental”, documento que marcará un antes y un después en la manera en que el sistema judicial y la sociedad mexiquense se relacionan con el entorno.
El protocolo ofrece un marco integral para abordar y enfrentar los problemas ambientales ocasionados por la intervención humana, desde la contaminación del aire, agua y suelo, hasta la pérdida de biodiversidad.
A través de este documento, se busca prevenir el deterioro ambiental, restaurar los ecosistemas dañados y garantizar el derecho de la ciudadanía a un medio ambiente sano. Al mismo tiempo, se plantea hacer frente a la impunidad de delitos y promover un desarrollo sostenible que equilibre las necesidades de la sociedad con la conservación de la naturaleza.
El PJEdomex en coordinación y alianza con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNODC, a través del Programa Mundial sobre Delitos que Afectan al Medio Ambiente, liderado por Marco Antonio del Toral, unieron esfuerzos para la elaboración de este protocolo que se alinea con los principios internacionales, nacionales y estatales en la materia.
Para su construcción se realizaron nueve mesas técnicas de trabajo con autoridades federales y estatales, seguridad y gobierno, especialistas y consultores, defensores del medio ambiente y sociedad civil del estado de México, Michoacán, Baja California Norte y Ciudad de México. Durante las sesiones, se diálogo con comunidades ejidales y pueblos indígenas, a fin de conocer las problemáticas y amenazas que enfrentan.
Juezas, jueces y operadores del sistema judicial, son sus principales destinatarios, ya que aplicarán estas directrices en casos relacionados con el medio ambiente. Sin embargo, también está diseñado para ser utilizado por autoridades gubernamentales, organizaciones civiles e instituciones públicas y privadas para crear un esfuerzo colectivo y garantizar el bienestar del entorno natural de la entidad.
Quienes vulneren las normativas ambientales enfrentarán sanciones que van desde medidas compensatorias, como la reforestación, hasta indemnizaciones y restauraciones completas de los ecosistemas afectados; sin embargo, no solo se establecen castigos, también se promueve la reparación y regeneración del entorno, para que el daño ocasionado no quede impune y las futuras generaciones disfruten de un entorno saludable.
El protocolo es mucho más que un conjunto de reglas, es una declaración de compromiso con el futuro. En un mundo cada vez más consciente de los desafíos ambientales, el PJEdomex se suma a los esfuerzos globales por frenar el cambio climático y proteger el entorno.
La Consejera Edna Escalante Ramírez y el Juez Víctor Hugo Dávila Ortiz, fueron los encargados de coordinar los trabajos para hacer realidad este proyecto, cuya descarga gratuita es posible realizar en bicentenario.pjedomex.gob.mx/eventos/coleccioneditorial.
