“Hoy reafirmamos nuestro compromiso con una verdadera justicia restaurativa, donde el diálogo, el otorgamiento del perdón y la reparación del daño sean el motor para saldar una deuda histórica con las comunidades indígenas. Desde el Poder Judicial, seguimos trabajando para garantizar el acceso equitativo a la justicia, visibilizando a quienes durante mucho tiempo han vivido en desventaja ante los procesos judiciales” expresó Fernando Díaz Juárez, titular del PJEdomex.
El magistrado presidente encabezó la presentación de resultados del proyecto «El fortalecimiento del acceso a la justicia de las comunidades indígenas del estado de México a través de los Centros de Paz y Diálogo» a cargo de The World Justice Project México.
Ante la directora de esa organización internacional, oficina México, Alejandra Ríos Cázares, el presidente del Tribunal Superior de Justicia mexiquense explicó que la estrategia se sustenta en tres pilares: la expansión de los Centros de Paz y Diálogo, la optimización administrativa y el acompañamiento jurídico especializado. El primero consiste en abrir nuevos espacios gestionados por integrantes de las propias comunidades, lo que asegura la pertinencia cultural y fortalece la autonomía en la resolución de conflictos.
El segundo pilar busca mejorar los procesos internos, garantizando que cada comunidad reciba atención adecuada sin obstáculos que limiten su derecho a la justicia. Finalmente, el acompañamiento jurídico especializado ofrece apoyo en casos complejos a través de facilitadores del Centro de Mediación, asegurando el respaldo necesario en situaciones que requieran intervención legal, promoviendo una justicia cercana e incluyente.
Díaz Juárez subrayó que el PJEdomex debe ser fundamental en la consolidación del Estado constitucional, democrático y de derecho en la entidad, siempre colocando en el centro de la acción pública a la dignidad humana y el respeto hacia los pueblos originarios. Agradeció además el apoyo de The World Justice Project y la colaboración de la embajada de Canadá, que han fortalecido la investigación y el análisis para mejorar el acceso a la justicia, a través de vías alternativas.
Ríos Cázares presentó los resultados del proyecto, destacando que los Centros de Paz y Diálogo visibilizan la necesidad de alternativas accesibles y culturalmente pertinentes, así como documentan los desafíos que enfrentan las comunidades indígenas ante el sistema judicial. Un hallazgo relevante muestra que el 70% de las personas indígenas mayores de 12 años consideran haber sido discriminadas en tribunales y juzgados, lo que evidencia la necesidad urgente de implementar estrategias que promuevan el diálogo y la participación respetuosa.
Resaltó que las estrategias de análisis cualitativo y cuantitativo han permitido consolidar reportes que demuestran la eficiencia de estos centros para resolver conflictos de manera pacífica, fortaleciendo el conocimiento legal en las comunidades y empoderando a sus integrantes. La sistematización de procesos garantiza una rigurosa documentación de casos, lo que ha convertido el modelo en un referente que puede replicarse en otras regiones del país e incluso en el ámbito internacional.
Sergio Valls Esponda, director General del Centro de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa del PJEdomex, destacó el valor de la reconciliación como paso fundamental para avanzar como sociedad. Subrayó que los Centros de Paz y Diálogo han permitido construir puentes de entendimiento y reconocimiento mutuo, transformando realidades a través del diálogo y la escucha activa.
Durante el evento también se inauguró la exposición fotográfica “Centros de Paz y Diálogo al Servicio de las Comunidades Indígenas”, que refleja el esfuerzo colectivo por fortalecer el acceso a la justicia para los pueblos originarios del estado de México. Asimismo, se abrió la muestra Justicia en Nuestra Lengua, a cargo del Archivo Histórico del PJEdomex, que preserva la identidad de los pueblos indígenas mediante la traducción de expedientes históricos del español a cinco lenguas autóctonas: náhuatl, tlahuica, mazahua, otomí y matlatzinca.
Asistieron Juan Carlos González Romero, secretario de Bienestar del Estado de México; la titular de la Comisión de Derechos Humanos estatal, el magistrado Arturo Márquez González, presidente de la Sala de Asuntos Indígenas del PJEdomex; Elizabeth Rodríguez Colín, directora de la Escuela Judicial; vocales del Consejo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas del Estado de México; así como representantes comunitarios, servidores públicos y público en general.
