El Poder Judicial del Estado de México está listo para la implementación y uso de la Plataforma del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias del Sistema Nacional del Desarrollo Integral de las Familias SNDIF, política pública efectiva y con visión de estado en la que convergen los poderes para combatir la falta de efectividad y cumplimiento de la ley, expresó el Magistrado Presidente Ricardo Sodi Cuellar.
En el Aula Magna «Mgdo. Lic. Gustavo A. Barrera Graf» de la Escuela Judicial, sede de la presentación de dicho registro, Sodi Cuellar destacó la evolución de los modelos familiares y la necesidad de que la justicia sea empática con esta diversidad, más justa y efectiva, asegurando que las obligaciones alimentarias se cumplan y que los niños, niñas y adolescentes reciban la protección que merecen.
Refirió que el PJEdomex dio un gran paso con el Juzgado en línea Especializado en materia de Violencia Familiar y de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México que atiende las 24 horas los siete días de la semana, política pública a la que se han sumado 81 ayuntamientos.
Antes de la entrega de llaves digitales a 17 tribunales del país para el acceso a la plataforma, la titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, Nuria Fernández Espresate, apuntó que tradicionalmente ha habido morosidad o irresponsabilidad masculina frente al cuidado, y la tercera parte de los hogares en el país tienen una cabeza femenina, que muchas veces no recibe ningún apoyo.
«Estamos viviendo un momento de feminización de la política que trae como consecuencia un sistema que busca quitar el peso tan grande del cuidado sobre las espaldas femeninas», afirmó Fernández Espresate al indicar que en la tercera parte de los hogares mexicanos, liderados por mujeres, a menudo no reciben ningún apoyo, enfatizando la necesidad de un cambio cultural y la responsabilidad compartida en el cuidado de niñas, niños y adolescentes.
Alejandro Cárdenas Camacho, Director General de Asuntos Jurídicos del DIF nacional, presentó la plataforma que dijo, no solo representa un paso crucial hacia la equidad, sino también una solución a la falta de estadísticas y seguimiento en materia de pensiones alimenticias.
Explicó que este sistema permitirá a los tribunales cruzar información y asegurar una administración de justicia más eficaz, pues el registro es público y digital, cuya inscripción será resultado de un mandato judicial e inhabilitará a los deudores morosos de ejercer ciertos derechos, como la obtención de licencias, pasaportes, ni ocupar cargos públicos ni de elección popular.
El Consejero Aarón Romero Ortega, dio la bienvenida y comentó que esta iniciativa también fortalece la colaboración entre diversas instancias gubernamentales para garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias en beneficio de la niñez. Subrayó el compromiso del PJEdomex en la protección y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes y resaltó que los órganos jurisdiccionales mexiquenses están capacitados para implementar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares con una perspectiva centrada en la infancia.
Las llaves digitales se entregaron a representantes de los Poderes Judiciales de Aguascalientes, Baja California Sur, Guerrero, Morelos, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán, Ciudad de México; así como a las presidentas de los tribunales superiores de Tlaxcala, Anel Bañuelos Meneses, Campeche, Virginia Leticia Lizama Centurión y al Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Ricardo Sodi Cuellar.
Asistieron también Oliver Castañeda Correa, Procurador Federal de la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; Karina Labastida Sotelo, Directora General del DIFEM y Erika Marlen Zepeda García, Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.
