Plantea GPmorena incrementar penas por despojo en Edomex

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Que el despojo sea considerado un delito grave, así como tipificar la retención ilegal de cuotas del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM) y la colocación de adhesivos alusivos a organizaciones sociales o partidos políticos en vehículos para evadir responsabilidades administrativas y fiscales, son objetivos de la iniciativa de reforma al Código Penal estatal propuesta por el diputado Octavio Martínez Vargas (morena).

De igual forma, pide establecer como delito la colocación de adhesivos alusivos a organizaciones sociales o partidos políticos en vehículos para evadir responsabilidades administrativas y fiscales. (Foto: especial).

Al compartir que en el Estado de México cada dos horas se presenta una denuncia por despojo, el legislador explicó que esta acción ya es considerada un delito con penas de uno a cinco años de prisión y de 30 a 125 días multa, pero el objetivo es aumentarlas de los cinco a los 10 años de cárcel cuando se realice en contra de una persona adulta mayor; con violencia física o mediante el rompimiento de cerraduras, forzando de puertas o a través de intimidación.

Así como cuando el despojo sea clandestinamente, aprovechando la ausencia de la persona poseedora o propietaria legítima; con engaños o abuso de confianza; o bien cuando se haga uso ilegítimo de la fuerza pública (sin orden judicial válida o con documentos apócrifos).

La iniciativa también establece que, cuando se inicie proceso y la persona denunciante acredite (mediante inscripción registral vigente) propiedad o posesión legítima del inmueble, el Ministerio Público deberá solicitar a la persona juzgadora de control (en un plazo no mayor a 24 horas) la restitución inmediata y provisional de la posesión, sin necesidad de agotar juicio civil ni esperar sentencia definitiva, a fin de garantizar una respuesta expedita y eficaz por parte del Estado.

Además, la persona juzgadora resolverá en un plazo máximo de 48 horas y podrá autorizar el uso de la fuerza pública para ejecutar la restitución, la cual se ejecutaría en un plazo no mayor a 48 horas, con auxilio de la fuerza pública, salvo que la o el imputado acredite de forma inmediata un título registral contradictorio o prueba fehaciente de posesión legítima. 

Al respecto, la diputada Miriam Silva Mata (PVEM) lamentó que conductas relacionadas con el despojo se sigan expandiendo y realizando en colaboración con autoridades municipales, como en un reciente caso que afectó a 200 personas de un área de uso común, descrita por la diputada como un régimen de propiedad condominal, en Ecatepec, ante lo cual iniciaron acciones legales.

En respuesta, el diputado Octavio Martínez aclaró que un bien privado se estaba confundiendo con un bien público, por lo que no se trata de despojo. 

El legislador Samuel Hernández Cruz (morena) se sumó a la iniciativa y consideró oportuno elevar las penas por este delito que también ha afectado a vecinas y vecinos de Tecámac. 

Por el PT, el parlamentario Isaac Josué Hernández Méndez llamó a no desvirtuar la propuesta, porque el contenido legal es importante. En términos similares se pronunció su compañero de bancada, Ernesto Santillán Ramírez, quien solicitó concentrarse en lo que le importa a la gente, como es el caso de la protección de su patrimonio, y pidió a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México rendir cuentas sobre las carpetas de investigación correspondientes. En tanto, la legisladora Yareli Anai Esparza Acevedo enfatizó que los despojos no ocurren en un solo municipio y debe mejorarse el sistema de procuración de justicia.

Por otro lado, el diputado Martínez Vargas también planteó que quien, teniendo a su cargo la administración de cuotas de seguridad social de las personas trabajadoras al servicio del estado, de los municipios o de los órganos autónomos, no cumpla con la obligación de enterarlas al ISSEMyM, incurriría en uso ilícito de atribuciones y facultades, con penas de seis meses a 12 años de prisión, de 30 a 150 días multa, así como la destitución e inhabilitación. 

Correspondiente al tema de colocación de adhesivos alusivos a organizaciones sociales o partidos políticos en vehículos, para evadir uso de placas de circulación, la verificación vehicular o el pago de la tenencia vehicular, se impondrían de uno a tres años de prisión.

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