Por considerar que en materia de diseño y operación de la política social a través de los correspondientes programas la colaboración entre los poderes Ejecutivo y Legislativo de la entidad es obligada, la diputada Montserrat Ruiz Páez, del Grupo Parlamentario de morena, propuso a la 60 Legislatura que la Secretaría de Finanzas del gobierno estatal le envíe las reglas de operación de los programas de desarrollo social para que las examine y emita opinión.
En sesión de la Diputación Permanente cuya presidenta es la legisladora Mónica Angélica Álvarez Nemer, el legislador Alfredo González González (morena) dio lectura a la iniciativa de reforma a la Ley de Desarrollo Social del Estado de México y a la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y Municipios, la cual fue remitida a las comisiones de Desarrollo y Apoyo Social y de Desarrollo Económico, Industrial, Comercial y Minero.
Conforme a la propuesta, serían principios y obligaciones de la administración pública en materia de desarrollo social el de universalidad, para garantizar a todos los ciudadanos la protección de sus derechos sociales como la alimentación, la salud, la cultura, la educación, la vivienda digna, el trabajo, la seguridad social y la alimentación nutritiva, entre otros, para asegurar la mejora continua de su calidad de vida, que permita el desarrollo social, y el de progresividad, para asegurar el avance paulatino de las condiciones necesarias, adoptando medidas hasta el máximo de los recursos disponibles para la plena efectividad y disfrute de los derechos sociales.
En cuanto al marco regulatorio, la iniciativa plantea que la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria presente a la Legislatura del estado un informe anual que incluya resultados, avances y retos de las regulaciones en la entidad, y que en esa Comisión participen también la Legislatura y el presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem).
Afirma la congresista en su propuesta que los programas sociales, entendidos como proyectos destinados a mejorar las condiciones de vida de los sectores más desfavorecidos de la masa poblacional, han sido manejados bajo factores como la corrupción, el clientelismo y el uso electoral, lo que ha tergiversado su objeto.
Expone además que reducir la inversión en los programas sociales o condicionar su entrega, teniendo sólo en cuenta los propósitos políticos del gobernante en turno, ocasiona que de la seguridad social universal se pase a la desaparición de programas sociales o entregas solo a sectores de la población que apoyen o voten a favor de tal o cual partido político.
Por lo anterior, señala que el gran reto del Estado en materia de diseño y ejecución de reglas de operación para programas sociales es la colaboración y coordinación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo. Pero ello, agrega, se resuelve con la voluntad de ambos de complementar la facultad del Legislativo de fiscalizar el ejercicio del gasto público y de ejecutar leyes y proveer su exacta observancia por parte del Ejecutivo.
