Al reconocer que la crisis hídrica no es únicamente un problema ambiental, sino también un desafío en materia de derechos humanos y de gobernanza, el Grupo Parlamentario del PRD presentó una iniciativa para que las autoridades estatales realicen un diagnóstico y monitoreo continuo de los sistemas de agua potable y saneamiento, priorizando la medición y el control de pérdidas.
Asimismo, la propuesta plantea establecer un marco obligatorio de colaboración entre los distintos niveles de gobierno y sectores involucrados, con el fin de garantizar una gestión integral y coordinada del recurso hídrico.
El planteamiento, impulsado por el diputado Omar Ortega Álvarez y la legisladora Araceli Casasola Salazar, coordinador e integrante de la bancada, respectivamente, busca establecer que la autoridad municipal implemente sistemas de micromedición para tener un control más preciso en lo concerniente al servicio de agua potable, alcantarillado, saneamiento y aguas residuales, que deberá reportar a las autoridades competentes en la entidad y los municipios.
La propuesta de reforma a las leyes del Agua y Orgánica Municipal, ambas de carácter estatal, beneficiará a los 125 municipios, en especial a aquellos con mayor densidad poblacional y problemas de abastecimiento, como Ecatepec, Nezahualcóyotl, Ixtapaluca, Valle de Chalco, Naucalpan y Chimalhuacán, donde el acceso limitado al agua vulnera la dignidad humana y profundiza las desigualdades sociales.
En sesión deliberante, Omar Ortega explicó que la iniciativa surge en un contexto crítico, pues el Sistema Cutzamala —que abastece a gran parte del Valle de México— registra niveles de almacenamiento históricamente bajos, lo que ha obligado a implementar recortes y tandeos en el suministro.
Asimismo, 48 municipios mexiquenses (equivalentes al 40 por ciento de la entidad) han sido identificados con problemas de extracción, acaparamiento o venta ilegal de agua, fenómeno que afecta directamente el abasto comunitario.
