Al ritmo que nos han demostrado las autoridades judiciales mexicanas que caminan las cosas, será por allá del año 2021 cuando sea detenido Javier Duarte de Ochoa, el prófugo exgobernador de Veracruz, sobre quien pesa una orden de aprehensión por malversación de los recursos públicos en la entidad veracruzana. Unos 5 años después de la fecha de la orden de aprehensión en su contra. Y será por allá del 2022 cuando detengan a César Duarte Jaquez, exgobernador de Chihuahua.
Claro, me refiero al plazo que tuvo que pasar para que Tomas Yarrington Ruvalcaba, exgobernador de Tamaulipas, fuera detenido: cinco largos años. Casi un sexenio, porque en este país todo se mide en sexenios.
Yarrington, alguna vez parte del TUCOM —Todos Unidos Contra Madrazo, en el que participaron Arturo Montiel, Enrique Jackson, Enrique Martínez, Manuel Ángel Núñez y otros exgobernadores—, vivía tranquilamente en Italia. Quitado de la pena pasaba sus días en Florencia, aunque nadie podría asegurar que dedicara su tiempo a admirar las obras renacentistas que hay en esa ciudad italiana. No me imagino a Yarrington escudriñando cada milímetro del David, de Miguel Ángel, ni en calidad de visitante consuetudinario de la Galería de los Uffizi.
Más bien creo que se daba la gran vida, vino y comida incluido, a cargo de los sobornos recibidos de narcotraficantes —aquí debería poner el lugar común de dinero manchado de sangre, pero no lo haré— y de lo robado a los tamaulipecos. Yarrington, igual que otros exgobernadores, se han encargado de ensuciar la ya de por sí cuestionada profesión de la política.
Pero lo dicho: a este ritmo, con estos plazos, a Javier Duarte de Ochoa lo detendrán cuando ya casi haya pasado al olvido. Cuando ya haya otros villanos y otros prófugos de alto perfil. Cuando el discurso de lucha contra la corrupción esté repitiendo la misma cantaleta…
