Durante la 32ª Sesión Ordinaria del Pleno de este organismo autónomo, José Martínez Vilchis, Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Dato Personales del Estado de México y Municipios (Infoem), emitió un voto particular a un recurso de revisión, pues si bien la Ley de Transparencia local establece que los sujetos obligados, en los casos que se requiera, realizarán las gestiones necesarias para contar con la traducción de la información a lenguas indígenas, también es indispensable que para ello cuenten con la suficiencia presupuestal que corresponda para dicha actividad.
Con respecto a otro proyecto, la Comisionada María del Rosario Mejía Ayala, emitió un voto disidente, pues consideró que el solicitante realizó aseveraciones ofensivas en contra de los servidores públicos de los cuales solicita la información y aunque puede realizar manifestaciones en ejercicio de su libertad de expresión, el ejercicio de acceso a la información pública se debe ejercer con el debido respeto personal e institucional, tanto a quienes posean la información, como de quien lo solicita.
En un asunto distinto, la Comisionada Sharon Morales Martínez emitió un voto en contra, al cosiderar que la respuesta del sujeto obligado vulnera el derecho fundamental de presunción de inocencia de los servidores públicos; ya que al confirmar la existencia de un expediente de investigación en su contra, se afecta su imagen profesional, sin que se haya probado responsabilidad alguna. Precisó que la información que se encuentra en expedientes de investigaciones aún en trámite, debe manejarse con la más estricta confidencialidad hasta que haya una resolución definitiva, para evitar juicios anticipados.
Por otra parte, el Comisionado Luis Gustavo Parra Noriega emitió un voto disidente a otro recurso de revisión, pues a su consideración deben entregarse los planos de las redes hídricas en el municipio de Atizapán de Zaragoza, en versión pública, en la cual se elimine la ubicación exacta de cada una de ellas, para evitar restringir el acceso a la información pública de interés para quien lo solicita.
Al discutir un asunto distinto, la Comisionada Guadalupe Ramírez Peña emitió un voto disidente, pues consideró que la entrega de información relacionada a los certificados de no deudor alimenticio, bajo el argumento de que su entrega da certeza de que el servidor público cumplió con la normativa, puede vulnerar la vida privada de los servidores públicos.
Cabe resaltar que en esta sesión, se aprobó la aplicación de 53 medidas de apremio, las cuales comprenden 41 apercibimientos, 11 amonestaciones públicas y 1 multa económica, dirigidas a diversas personas servidoras públicas de la entidad, debido al incumplimiento a las resoluciones emitidas por el Pleno. Asimismo, se aprobó el Acuerdo mediante el cual se aprueba la Convocatoria al Tercer Proceso de Evaluación para Obtener la Certificación en el Estándar de Competencia Laboral EC-1171 “Garantizar el Derecho a la Protección de Datos Personales” 2024.
