Cualquier terminación o recisión de contrato o relación laboral debe resolverse por la administración municipal que prescindió de los servicios de un trabajador, para que “las administraciones entrantes no tengan que lidiar con conflictos laborales de administraciones pasadas”, de acuerdo con la iniciativa presentada por el Partido de la Revolución Democrática.
Por lo anterior, la diputada local María Elida Castelán Mondragón propuso reformar la Ley Orgánica Municipal para que en caso de haber adeudos con personal despedido, sea resuelto por la administración que determinó concluir la relación laboral.
“En una administración el presidente despide a personal, o deja en deuda al municipio con muchos laudos y se va el presidente, y ya ese problema se lo hereda al que sigue, y así se va generando una gran cadenita que nunca se le da respuesta, y hay muchos ayuntamientos muy endeudados por el tema de los laudos y eso no permite que el entrante realice una buena administración”.
Afirmó que con ello, las nuevas administraciones lograrán tener mayor flexibilidad sobre sus presupuestos a ejercer; y los ciudadanos despedidos tendrán certeza y seguridad jurídica sobre su asunto laboral para evitar que se afecte el patrimonio municipal, y se evitará que los adeudos generen situaciones jurídicas adversas a los bienes inmuebles del ayuntamiento.
De no cumplir con ello, habrá sanciones:
“Por eso se está proponiendo en la iniciativa de que los presidentes municipales sean muy meticulosos en el tema de la contratación y a los despidos, y que cada administración se haga responsable de sus despidos (…) y se tenga que respetar, y si no, pues será sancionado el presidente municipal”.
Lo que restaría para que esto sea un hecho es que primero, la Junta de Coordinación Política considere el tema para tratarse en Comisiones, y ahí resolver por parte de los diputados, que se establezca de manera puntual la figura jurídica del presidente municipal como responsable en caso de que su administración incumpla con la reforma de ser aprobada, pues en la propuesta de momento sólo se maneja obligatoriedad de “responsabilidad de la administración en turno resolver y solventar en función de su capacidad presupuestal”, un posible conflicto.
