La diputada priista Leticia Mejía presentó una iniciativa para reformar el Código para la Biodiversidad, el Código Penal y la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México para regular y sancionar el uso de cañones antigranizo o cualquier otro mecanismo que ocasione cambios en los ciclos hidrológicos, pues generan sequías y pérdidas para agricultores mexiquenses.
Los cañones antigranizo son dispositivos que causan explosiones de gas acetileno y aire para generar ondas de choque que se desplazan a la velocidad del sonido e interfieren en la cristalización del granizo.
Sin embargo, no solo evitan la caída de hielo, sino que ocasionan que las nubes se dispersen, lo que causa falta de agua y pérdida de cultivos.
“La escasez del agua provocada por medios artificiales afecta significativamente a los productores agrícolas mexiquenses, particularmente del norte del Estado, quienes han atestiguado durante años que los cañones antigranizo e incluso avionetas que esparcen químicos afectan los ciclos de la lluvia, ocasionan sequías y perjudican sus cultivos”, expuso la legisladora.
Agricultores del norte de la entidad, principalmente de Jilotepec, Soyaniquilpan, Jocotitlán, Ixtlahuaca, San Felipe del Progreso y San José del Rincón, han acusado que industrias de la región han usado por años estos cañones, lo que ha alterado el ciclo de lluvias.
“En el PRI estamos convencidos de que el campo mexiquense, la tierra que nos une, desempeña una función trascendental en la estructura económica y social del Estado y del país; por ello, desde el ámbito legislativo debemos propiciar la protección del medio ambiente y el equilibrio ecológico a partir de la modernización de la normatividad”, agregó Mejía.
En Puebla, Tlaxcala, Michoacán, Veracruz y Oaxaca ya se han establecido medidas legales para frenar el uso de cañones antigranizo; con esos antecedentes, la iniciativa para reformar la normatividad del Estado prevé prohibir y sancionar la emisión a la atmósfera de sustancias contaminantes que alteren el ciclo de lluvia.
La iniciativa fue turnada a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, de Protección Ambiental y Cambio Climático y de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y desahogo.
