El Grupo Parlamentario del PRD en la 60 Legislatura mexiquense propuso reformas a la Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de Discriminación en el Estado de México para incluir a los particulares como sujetos que pueden incurrir en actos discriminatorios y no solo a los servidores públicos, como ocurre actualmente, estableciendo las sanciones a las que se harán acreedores en caso de incurrir en este tipo de conductas.
De acuerdo con la propuesta de reforma, presentada por la diputada Araceli Casasola Salazar, también proponen incluir un catálogo de conductas que pueden considerarse como discriminatorias a fin de armonizar el texto con las reformas de 2014 y 2016 a la Ley Federal en esta materia.
También plantea ampliar las facultades del Consejo Ciudadano para la Prevención y Eliminación de la Discriminación y establecer su independencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem).
Adicionalmente, propone establecer la debida regulación del procedimiento de sustanciación de quejas sobre actos discriminatorios, a fin de dar mayor entendimiento jurídico a las víctimas y a los presuntos responsables, ajustándolo a las prescripciones de la ley que crea la Codhem.
Por último, plantea sustituir la noción de «medidas positivas y compensatorias» por la de «acciones de nivelación, de inclusión y las acciones afirmativas», y facultar a la Codhem para emitir y suscribir resoluciones por disposición e informes especiales y, en su caso, establecer medidas administrativas y de reparación derivadas de las quejas por los presuntos actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorios.
La propuesta fue turnada a las comisiones legislativas de Derechos Humanos y de Procuración y Administración de Justicia para su dictamen.
