Quieren presupuesto para salvar a ayuntamientos de laudos laborales

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La diputada del Partido del Trabajo, Julieta Villalpando Riquelme, presentó una iniciativa para que en el presupuesto del 2019 se pueda generar una partida para ayudar a los municipios a pagar sus laudos.

Julieta Villalpando Riquelme, diputada del Partido del Trabajo. (Foto: Sergio Cuadros.)

Y es que la legislatura anterior, la LIX, aprobó una reforma a las leyes del Trabajo y Orgánica Municipal en la que se obliga a los alcaldes que entrarán en funciones a partir del 1 de enero del 2019, a que paguen los adeudos históricos, de lo contrario, el alcalde, síndico y tesorero se harán acreedores a sanciones que pueden llegar a su destitución, como ocurrió en el caso del municipio de Coacalco, cuando fue destituido el alcalde Erwin Castelán por incumplir uan orden de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación.

“Tendrían que buscar de donde sacan dinero para atender los laudos que van a tener una senetencias ejecutoria inmedita, casi casi que los van arecibir ahí entrando a las oficinas del palacio municipal con este tipo de laudos y sentencias”, aseguró la legisladora.

De acuerdo con el presidente de la comisión legislativa del Trabajo, el también petista Antonio Guadarrama, informó que en el territorio estatal existen un aproximado de 17 mil laudos que equivalen a 7 mil millones de pesos.

Los legisladores del PT comentaron que existen casos donde se deben hasta 100 millones de pesos a una sola persona, lo que hace casi impagable este monto que por mucho rebasa el propio presupuesto de los ayuntamientos.

Además, dijeron que buscarán las reformas necesarias para dejar sin efecto lo que aprobó la legislatura que los antecedió y con ello se pueda garantizar la actuación de los municipios sin ver afectados sus recursos que se traduce en la implementación de mejores servicios a los ciudadanos.

La diputada explicó que estos recursos pueden obtenerse del subejercicio del presupuesto estatal, que tan solo en el 2017 fue de 40 mil millones de pesos, con ello se pretende que el estado se convierta en deudor solidario.

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