El presidente Andrés Manuel López Obrador dejó abierta la posibilidad de que expresidentes de México puedan ser llevados a la justicia mexicana. Declaró que ya se conoce su postura y que sea el pueblo el que decida si se juzga a exmandatarios mexicanos.
Escucha aquí el comentario de Patricia Maldonado. Dale play:
Su declaración generó polémica porque como tal, la acción de la justicia no debería estar sujeta a consulta ciudadana sino a los hechos delictivos en los que se presume podrían estar involucrados los expresidentes y que deben comprobarse.
Ahora bien, ¿quién no querría ver en tribunales a los políticos corruptos?, ¿a quién no le gustaría que los exmandatarios que han robado fueran castigados?, ¿quién no quisiera que devolvieran lo sustraído? Pero ello tiene un costo político para el mandatario y gobierno actual porque tendría que destinar parte de sus esfuerzos a perseguir y sancionar a expresidentes y en ello dejar de hacer otras cosas o reducirlas a temas secundarios. Atando cabos, poner en el banquillo de los acusados a anteriores jefes del Ejecutivo se vuelve un asunto de intereses y prioridades del gobierno y por lo que respecta al actual, el antecedente es que no perseguirá a corruptos del pasado tam cual se dijo desde antes de asumir la presidencia.
