Para combatir la explotación financiera informal y fomentar el acceso a mecanismos legales y regulados de crédito y financiamiento, el diputado Octavio Martínez Vargas (morena) propuso considerar la usura como un delito específico, pues se trata de préstamos con cobro de intereses excesivos y desproporcionados, generalmente bajo condiciones opacas, injustas y carentes de regulación.
Este delito, aseguró el legislador, tiene como una de sus modalidades lo que popularmente se conoce como ‘préstamos gota a gota’.
Por lo anterior, la iniciativa para reformar el Código Penal estatal plantea que comete el delito de usura quien, con o sin simulación de actos jurídicos, otorgue préstamos de dinero, bienes o servicios, cobrando intereses o contraprestaciones notoriamente desproporcionadas, que excedan de manera manifiesta las tasas permitidas por el Banco de México o las condiciones usuales en el mercado formal.
También cometerá el delito quien, valiéndose de la suma ignorancia, notoria inexperiencia, extrema miseria o necesidad de otra persona, obtenga de éste ventajas usurarias mediante contratos, convenios o documentos civiles o mercantiles, en los que se estipulen intereses o beneficios excesivos en perjuicio de la persona deudora.
La propuesta resalta que, tipificar esta práctica, permitirá visibilizarla como una forma singular de abuso económico; facilitará la investigación, integración de carpetas y judicialización de los casos; y fortalecerá la protección de personas en situación de vulnerabilidad, como mujeres jefas de familia, personas adultas mayores, indígenas o en situación de pobreza.
Al presentar la iniciativa, el legislador de morena destacó que muchas personas se ven obligadas a recurrir a sistemas de crédito informal debido a la desesperación económica, la escasa disponibilidad de servicios financieros regulados y la falta de mecanismos de protección institucional eficaces. Esta realidad expone a los sectores más vulnerables a prácticas abusivas que refuerzan el ciclo de deuda y exclusión social.
En muchos casos, añadió, la relación crediticia informal puede derivar en actos de coacción, retención de documentos, amenazas, intimidación y violencia, con el fin de forzar el pago de las obligaciones contraídas.
Como ejemplo de lo anterior, acusó que esto se observa en Ecatepec, donde se han documentado préstamos que inician con dos mil pesos y terminan quitando la factura de un vehículo a la persona deudora, o préstamos de 20 mil pesos que terminan quitando a alguien su patrimonio o sus inmuebles, a sus hijos, como dieron cuenta medios de comunicación en el caso de Fernandito (menor de cinco años que fue asesinado este agosto, en el municipio de La Paz, presuntamente por una deuda de mil pesos de su madre).
La propuesta del legislador Martínez Vargas incluye esta figura en el capítulo que tipifica el fraude, un delito que actualmente se sanciona con penas de hasta 12 años de prisión y 300 días multa.
