El diputado priista Jesús Moreno Mercado presentó una iniciativa para reformar el Capítulo XIX, del Subtítulo Segundo, del Libro Segundo y el artículo 148 Bis del Código Penal del Estado de México, para sancionarán de 6 meses hasta 1 año de prisión a quien tramite, gestione, entregue y fabrique documentos vehiculares apócrifos o ilegales.
La iniciativa establece que sólo el 10% de los automovilistas mexiquenses tiene en regla sus trámites vehiculares, hecho que se refleja en la tramitación de documentos públicos como tenencia, placas, tarjeta de circulación y licencia o permiso para conducir, realizada por la Secretaría de Movilidad.
“En 5 años de administración se han expedido 2.7 millones de licencias y 23 mil permisos para conducir, pareciera que se trata de una cifra menor, sobre todo, si consideramos la totalidad de vehículos matriculados en la entidad. Esto, nos permite suponer que sólo uno de cada 3 automovilistas cuenta con ese tipo de autorización. Lo mismo ocurre con los movimientos en el padrón vehicular”.
Esta cifra es menor en comparación con el total de vehículos que diariamente circulan en la entidad, afirmó el legislador.
“A 2021, se realizaron 1.4 millones de operaciones, cifra que también se aprecia baja si consideramos el total de automóviles registrados. Lo anterior, nos permite inferir que alrededor de 5.6 millones de automóviles y motocicletas circulan diariamente con alguna anomalía. Estos datos nos dan una idea del grado de irregularidad con que circulan autos y conductores en el estado”.
En ese sentido, quienes aprovechan este escenario son personas conocidas como coyotes, que engañan a muchas personas, quienes retan a la autoridad al ubicarse en las instalaciones de los Complejos de Recaudación, Organización y Servicios Afiliares (Crosas) para cazar a sus víctimas.
Lo que estas personas ofrecen, son tiempos reducidos, bajos costos y requisitos mínimos para el trámite de placas y licencias para conducir, pero no sólo del estado, sino también de otras entidades; principalmente, de Guerrero, con un costo de 400 pesos.
De esta manera, la iniciativa pretende evitar perjuicio a los ciudadanos que por ejemplo, al sufrir un accidente o querer cobrar el seguro, si la licencia es falsa o apócrifa no está registrada en ningún padrón no pueden ejercer algún derecho y que incluso pueden perder su vehículo en otros casos.
