Diputados de la bancada del PRI en San Lázaro, presentaron una iniciativa de reforma integral para fortalecer la cultura de protección civil en la vida cotidiana de los mexicanos a través de una formación y capacitación ordenadas en escuelas, centros de trabajo, así como durante la prestación del Servicio Militar Nacional, entre otros ámbitos.
Encabezados por su coordinador parlamentario, César Camacho, los diputados priistas Gianni Raúl Ramírez, Flor Ángel Jiménez Jiménez y de Enrique Rojas Orozco, la legisladora Martha Hilda González Calderón -también proponente de la iniciativa- detalló que esta propuesta tiene el objetivo de contribuir al perfeccionamiento y consolidación de una cultura de protección civil que abone a la participación organizada de los ciudadanos, que de manera voluntaria, se involucran en las tareas de auxilio en situaciones de emergencia y de desastre.
Ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la diputada federal del PRI por el Estado de México, González Calderón dijo que, derivado de los sismos de septiembre de 1985, se creó el Sistema Nacional de Protección Civil, como estrategia compartida para prevenir, mitigar riesgos y atender situaciones de emergencia o desastres derivados de fenómenos naturales u ocasionados por el hombre.
Sin embargo, señaló que los recientes movimientos telúricos de septiembre de 2017 dejaron nuevas experiencias y retos para mejorar la protección civil, a fin de reducir riesgos y proteger la integridad física, así como la vida de los habitantes de todo el país.
Explicó que con las modificaciones y adiciones a las leyes generales de Protección Civil y de Educación; del Servicio Militar Nacional, de la Ley Federal del Trabajo, entre otras, se busca fortalecer la cultura de la protección civil en la vida cotidiana de las personas desde temprana edad.
En la propuesta se plantea la obligatoriedad de adquirir una póliza de seguro obligatorio para inmuebles de propiedad privada, de contratación colectiva, con intermediación de los gobiernos locales, que atiendan las características y nivel local de riesgo.
Además, la iniciativa priista incluye la tipificación como delito la acción de urbanización en zona de riesgo, en concordancia con el artículo 84 de la Ley General de Protección Civil. Esta conducta sería sancionable para servidores públicos que emitan licencias de construcción para obras de infraestructura pública o desarrollos habitacionales, y a los particulares que realicen dichas obras sin tomar en cuenta la información del Atlas de Riesgo correspondiente y las medidas de mitigación necesarias.
Se propone facultar al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que se determine la suspensión del pago de peaje en zonas delimitadas, cuando el jefe del Ejecutivo federal emita una declaratoria de emergencia o desastre.
