Para contribuir a la prevención del delito desde sus etapas más tempranas, el Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso mexiquense propuso crear la Conferencia Estatal de Justicia Cívica, como instrumento institucional para coordinar, homologar y evaluar la implementación de mecanismos que permitan resolver conflictos vecinales e incumplimientos de normas de convivencia sin recurrir a las vías judiciales formales.
Mediante reformas a la Ley de Seguridad Pública estatal, propuestas por los diputados Elías Rescala Jiménez y Mariano Camacho San Martín, coordinador e integrante de la bancada, se busca establecer que esta instancia proponga y supervise las acciones, políticas y programas en la materia; elabore un plan de implementación, homologación y capacitación, e impulse el desarrollo de instrumentos legislativos y presupuestales que la fortalezcan.
Este órgano colegiado estaría presidido por la persona titular de la Secretaría de Seguridad estatal e integrado por las personas titulares de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y de la Consejería Jurídica de la entidad, así como por las y los alcaldes que encabecen los consejos intermunicipales de seguridad pública.
Adicionalmente, para darle mayor pluralidad y equilibrio, participarían como personas invitadas permanentes quien sea titular del Tribunal Superior de Justicia, una o un representante del Congreso mexiquense, quien encabece la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, y ciudadanas o ciudadanos con prestigio y conocimiento en la materia.
En tribuna, el diputado Mariano Camacho subrayó que la creación de este órgano interinstitucional contribuirá a la prevención del delito desde sus etapas más tempranas, reducirá la carga de trabajo de la FGJEM y del Poder Judicial estatal, restaurará el tejido social y, sobre todo, promoverá una cultura de paz.
Indicó que la justicia cívica busca que la ciudadanía aprenda a gestionar sus diferencias sin recurrir a las vías judiciales formales, lo que mejora la convivencia social, reduce la carga de trabajo de las autoridades y promueve la resolución efectiva y pacífica de conflictos a través de la mediación.
El documento advierte que, en promedio, durante el primer trimestre de 2025, el 41 por ciento de los habitantes de Toluca, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Naucalpan, Tlalnepantla, Atizapán de Zaragoza, Chimalhuacán y Cuautitlán Izcalli tuvieron conflictos vecinales por causas como ruido, basura, riñas, consumo de sustancias en la vía pública o violencia entre vecinos, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
El proyecto refiere que es altamente probable que estos conflictos vecinales, si no se atienden de forma oportuna y adecuada, se traduzcan en conductas delictivas que no solo fracturan la convivencia cotidiana, sino que elevan significativamente la percepción de inseguridad.
Por lo tanto, subrayó el parlamentario, es necesario intensificar, homologar, articular y evaluar el uso de la justicia cívica, que ha demostrado ser una poderosa herramienta para contener la violencia, restaurar el tejido social y evitar que faltas menores se transformen en delitos graves.
